Algunos directivos de entidades financieras que han sido nacionalizadas o que han recibido ayudas públicas no tendrán que reducir sus salarios para cumplir con los límites impuestos por el Gobierno. Es una de las novedades que incluye la orden ministerial para limitar las retribuciones a las entidades con fondos públicos y que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE). Hoy entrarán en vigor.

En términos generales, la orden confirma lo establecido en el real decreto del pasado 3 de febrero. Las entidades que han sido recapitalizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como Novagalicia, CatalunyaCaixa, Banco de Valencia o BFA-Bankia, no podrán pagar a sus presidentes y consejeros delegados más de 300.000 euros al año. Además, las que han recibido prestamos del Estado, como Caja España-Duero, deberán quedarse por debajo de los 600.000 euros anuales a sus máximos responsables. En estas cantidades se suman salarios, dietas o indemnizaciones y cualquier tipo de retribución que los directivos perciban de estas entidades, de sus filiales, y los planes de pensiones.

La orden ministerial prohibe que el contrato de los administradores contemplen una indemnización por terminación de contrato superiores a los límites establecidos en el decreto ley. Sin embargo, establece un régimen especial para el caso de entidades que se fusionen, como ha ocurrido con la intervenida Unnim y el BBVA, o con Caja España Duero €que ha recibido ayudas€ y que está en proceso de integración con Unicaja. Lo mismo que ocurre con Banca Cívica, absorbida por Caixabank.

El Ministro de Economía y Competitividad puede eximir de los límites en estos casos, en "determinadas circunstancias", al igual que en un "procedimiento competitivo de desinversión". El departamento que dirige Luis de Guindos, previa propuesta motivada del Banco de España, podrá tomar la decisión.