26 de junio de 2012
26.06.2012

Anticorrupción reclama 7,8 millones a cuatro exdirectivos de Novacaixa, 5,2 a De Paredes

El fiscal pide a Pego, Gorriarán y Estrada que devuelvan parte de lo cobrado

26.06.2012 | 10:10

"Administración desleal" o, alternativamente, de "apropiación indebida" y "defraudación". Son los delitos que Fiscalía Anticorrupción atribuye a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia y a Julio Fernández Gayoso. Infracciones por las que el ministerio público reclama la devolución de 7.875.474 euros a Javier García de Paredes y Moro, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán. Al primero de ellos, exdirector general adjunto de la caja fusionada y anterior mano derecha de José Luis Méndez, se le pide que devuelva la mayor parte de esta cantidad: 5.266.014 euros. Anticorrupción recurre a dos artículos del Código Penal para fundamentar una querella que ha sido trasladada ya a la Audiencia Nacional, que deberá decidir si la admite o no a trámite.
La Fiscalía se apoya en el artículo 295 del Código Penal, que estipula penas de multa o cárcel para los "administradores que dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad con abuso de las funciones propias de su cargo". Es aquí donde reposa toda la demanda y la razón por la cual Anticorrupción se querella también contra Julio Gayoso aunque éste no haya cobrado nada en concepto de indemnización y, por tanto, no tenga que devolver ninguna cantidad. La Fiscalía entiende que el expresidente de Caixanova cooperó con el resto de exgestores para que éstos mejorasen sus contratos justo antes de abandonar la compañía.
Los querellados, en opinión de la Fiscalía, actuaron "con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación por la que atravesaba la entidad crediticia". Además, considera que se "ocultó al consejo y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones" a las que, cree el ministerio público, "no tenían derecho en parte".
Los hechos previos
La querella se retrotrae hasta el año 2010. El 11 de mayo Caixanova y Caixa Galicia acordaron fusionarse, y pidieron "un primer apoyo financiero al FROB por importe de 1.162 millones de euros". Según la Fiscalía, y "para preparar su previsible y futura salida de la entidad bancaria", tres altos directivos de la caja "acordaron mejorar sus contratos de alta dirección". Se trata de José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada. No es hasta el 20 de octubre de ese mismo año cuando los tres directivos reciben sus nuevos contratos. Julio Gayoso firma el de Pego y éste, a su vez, el de los otros dos gestores.
En ese momento, y según consta en la querella, "se altera el concepto de renta vitalicia total": las pagas variables por resultados se convierten en una paga fija, integrada en la renta vitalicia total. El consejo de administración que aprobó este cambio –celebrado dos días antes, el 18 de octubre de 2010– lo hizo sin ser consciente de ello, según Anticorrupción. Asimismo, los nuevos contratos de Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada –que posteriormente firmaría García de Paredes– incluyen una cláusula que blinda sus pensiones por jubilación. Cabe recordar, en este punto, que ninguno de ellos percibió su pensión de retiro hasta la fecha. Solo José Luis Méndez, que no aparece en la querella, percibió su paga íntegra (11,2 millones netos) al cumplir los 65 años.
Blindaje
Los directivos agregaron un "derecho de viudedad" en sus contratos. "Se han asegurado que, en el momento de su jubilación, puedan rescatar su póliza", reza el texto de la demanda. ¿Qué significa esto? Que, en principio, los cuatro exgestores podrán percibir su pensión "aunque la entidad contratante de la póliza haya quebrado".
El 1 de diciembre de 2010 echa a andar Novacaixagalicia como caja única de la comunidad. El consejo de administración celebrado ese mismo día aprueba, de nuevo sin ser consciente de ello, validar los contratos de alta dirección presuntamente fraudulentos. ¿Qué consiguen los querellados? Que Novacaixa, como sucesora natural de Caixanova y Caixa Galicia, valide todos los extremos de los contratos. La Fiscalía apunta a que los consejeros dan validez a las cláusulas "en la creencia de que las obligaciones contraídas por Novacaixagalicia con los altos directivos de Caixanova databan de sus antiguos contratos de alta dirección". Pero no era así, según el ministerio público.
García de Paredes, y a propuesta de José Luis Pego, obtiene ese mismo día un contrato de alta dirección que, a la postre, le había de reportar una prejubilación de más de 5,6 millones de euros.
Llega el segundo FROB
El decreto de solvencia de enero de 2011 marca un revés para la caja. Se necesitan 2.422 millones de euros de dinero público para alcanzar una ratio de solvencia del 10%. Pese a esto, y el 15 de agosto de 2011, el consejo se reúne de nuevo para aprobar las "eventuales" prejubilaciones de altos directivos (sin mencionar nombres). Todos los consejeros –menos José Luis Regueiro (CCOO), Miguel Argones (Csica) y José Luis Veiga Lage (BNG)– aprueban otra vez este punto de la orden del día.
Ya había entrado en vigor un real decreto (771/2011) que obligaba a las entidades a informar al Banco de España de las prejubilaciones de altos cargos. Novacaixagalicia no envió esa información al supervisor bancario, según la Fiscalía. Con los contratos plenamente vigentes, y con un fondo específico para sufragar el coste de la salida de estos cuatro exdirectivos de la caja única –que fue valorada en 188 millones de euros–, Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y García de Paredes abandonan la compañía entre septiembre y diciembre de 2011. En caso de De Paredes, éste marchó cuando el banco ya había asumido el negocio bancario de NCG.
La querella
En octubre de 2011 el sindicato CIG instó a la Fiscalía a iniciar diligencias contra el cobro de prejubilaciones de los exgestores, como confirmó a FARO el responsable de Banca en este sindicato, Clodomiro Montero. Anticorrupción respondió un mes más tarde y confirmó que ya había iniciado diligencias previas. En total, y según consta en la querella, el ministerio público recibió más de 4.000 peticiones de particulares que lo instaban a iniciar el proceso que, finalmente, empezó ayer.
La CIG no descarta personarse como acusación particular y extender la querella a otros exgestores. "Ni son todos los que están, ni están todos los que son", ironizó Montero.

"Cooperador necesario" de los exgestores
De acuerdo con la querella formulada por la Fiscalía, los exgestores "ocultaron las mejoras en sus contratos" al consejo de administración, "para lo cual contaron con la necesaria cooperación del presidente de la entidad (Caixanova), Julio Fernández Gayoso, "en menoscabo del patrimonio de la entidad bancaria que administraban". Anticorrupción no reclama la devolución de cantidad alguna al actual copresidente de la caja única ya que no percibió ninguna. Según el escrito, Gayoso propuso al consejo la aprobación de las mejoras de los contratos "sin identificar a qué personas podía afectar y sin cuantificar las indemnizaciones" derivadas de los mismos. En septiembre de 2011, tal y como apunta Anticorrupción, el financiero "aprobó y liquidó las prejubilaciones" de Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y García de Paredes.

¿Qué dinero tendrían que devolver y por qué?
Javier García de Paredes y Moro tendría que devolver, como pide Fiscalía, la mayor cantidad. Anticorrupción le pide que abone "el 95% de los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025" ya que "no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización. Este contepto asciende a 5.166.014 euros, a lo que la Fiscalía añade otros 100.000 euros en concepto de compensación bruta especial (que no recibió el visto bueno del Banco de España). A Pego le pide la devolución de 122.586 euros en concepto de "retribución complementaria por resultados", y 933.156 euros por el "premio especial por dedicación y aportación". Tampoco recibió la aprobación del supervisor. A Rodríguez Estrada se le reclama la devolución de 35.940 euros de paga por beneficios y 225.000 euros por "premio especial y dedicación".
Por último Gregorio Gorriarán debería devolver 234.385 euros de paga por beneficios (de 2011 a 2020) y otros 580.986 euros de "indemnización satisfecha por premio especial".

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