El profundo chequeo al que el Ministerio de Hacienda está sometiendo a las administraciones locales para dotar de la mayor transparencia sus cuentas no solo puso al descubierto las deudas que los ayuntamientos y diputaciones tenían con los proveedores, sino también que permite revelar el volumen de las facturas por prestación de servicios, impuestos y sanciones de muy difícil cobro por parte de las entidades locales. Según los datos del departamento de Cristóbal Montoro, los concellos gallegos acumulan actualmente 353 millones de euros en el capítulo de ingresos de "dudosa" recaudación, lo que representa nada menos que el 13,9% del volumen total de presupuesto que manejan los municipios gallegos (unos 2.500 millones de euros).
Las diputaciones contribuyen a este apartado con 25,8 millones, lo que eleva la cuantía de la partida de difícil cobro hasta los 379 millones, que supone el 12,2% del presupuesto global del conjunto de las administraciones locales.
En este capítulo se incluyen todos aquellos derechos pendientes de cobro considerados de difícil o imposible recaudación por parte de las haciendas locales. Hay tasas, impuestos, sanciones, facturas por servicios que prestan las empresas municipales y también sentencias sin ejecutar en las que los ayuntamientos son perceptores de una indemnización u operaciones de monetarización de suelo en las que los promotores deben abonar a las arcas municipales un cantidad determinada de dinero. Y claro, empresas que han quebrado si estar al día en sus obligaciones fiscales.
Sin embargo, pasan los años y las administraciones locales no son capaces de recaudar estos fondos y además tienen muy pocas perspectivas de hacerlo, por los que finalmente los concellos y las diputaciones tienen que reflejar el volumen de estas partidas en su informe de liquidación de los presupuestos que envían al Ministerio de Hacienda.
Por provincias, la que presentar un mayor tasa de morosidad es la de Pontevedra. Sus concellos acumulan casi 175 millones de muy comprometida recaudación, tras las que se encuentra A Coruña, con 111 millones. Luego les siguen los ayuntamientos de Lugo, con casi 39 millones en situación de "dudoso cobro" y los de Ourense, con 29.
Las diputaciones solo tienen 25,8 millones de difícil o imposible recaudación, aunque el Ministerio de Hacienda no detalla su distribución entre las cuatro corporaciones provinciales, de la misma forma que tampoco lo hace por municipios. Pero sí revela que el 42% de la morosidad se reparte entre los ayuntamiento de Vigo, A Coruña y Ourense, porque son los únicos con más de 100.000 habitantes. Entre los tres tienen pendiente de cobro ingresos por 149 millones de euros, cuarenta millones menos que la deuda reconocida por 179 concellos gallegos con los proveedores y que se comprometieron a salar acudiendo a una línea de crédito especial habilitada por el Gobierno central.
En el conjunto de España, las cifras resultan mucho más abultadas, ya los municipios tienen 4.541 millones de euros calificados como de muy difícil recaudación, a los que habría que sumar otros 170 en poder de las diputaciones provinciales, sin contar las de régimen foral (País Vasco y Navarra), que en su caso asciende a 1.164 millones, aunque éstas cuentan con un funcionamiento específico por tener mayores competencias.
Cuatro de cada diez euros se destinan a prestar los servicios públicos básicos
El informe sobre la liquidación presupuestaria que los concellos remiten al Ministerio de Hacienda permite tener una clara radiografía sobre el gasto municipal, lo que realmente hacen y no lo que aparece en los presupuestos inicialmente. Por encima de todo, destaca la aportación a la financiación de los servicios públicos básicos, que se llevan el 40% de los fondos municipales.
En este capítulo se incluye la seguridad y la movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, los servicios en favor del bienestar comunitario y la protección y vigilancia del medio ambiente. Para estas tareas, los ayuntamientos gallegos destinaron 1.025 millones en el año 2010.
Para pagar al personal, los municipios reservaron 766 millones de euros, lo que representa el 30% de sus cuentas liquidadas, que superan por poco los 2.500 millones de euros. En incentivos para los empleados, los gobierno locales reconocen que destinan algo más de 20 millones para mejorar su rendimiento, si bien casi un tercio corresponde a los municipios con más de 100.000 habitantes, que en el caso de Galicia son Vigo, A Coruña y Ourense.
Una de las partidas más cuantiosas es también la dedicada a sanidad, educación, deporte y cultura, materias a la que los ayuntamientos derivan casi 440 millones, tanto para mantener y reformar estas infraestructuras como pagar al personal que las atiende y que no depende de la Xunta.
El informe de Hacienda que los concellos gallegos apenas gastan e investigación, innovación y desarrollo, pues las cuentas solo reflejan que a este apartado se destinaron 1,3 millones de euros.
