La Xunta explora la opción de llevar al Tribunal Constitucional el real decreto ley que suspendió indefinidamente las primas a las nuevas instalaciones de energías renovables dejando sin incentivos todos los parques el concurso eólico gallego y complicando su viabilidad. Ambas administraciones han abierto una negociación para intentar llegar a un acuerdo que garantice un trato económico específico al sector gallego –manteniendo los incentivos al menos en parte– por su "alta eficiencia", pero se ha dado aviso al Constitucional de que hay un conflicto institucional activo, ya que solo así la Xunta puede conservar la facultad de presentar un recurso de inconstitucionalidad si finalmente no llega a un acuerdo con el Gobierno central.
A finales del pasado mes de enero, el Ministerio de Industria decidió anular el régimen de primas con que hasta entonces se subvencionaban las instalaciones de energías renovables. Ninguna de ellas, salvo que ya estuvieran inscritas en el llamado registro de preasignación –en el que no está ningún parque eólico gallego–, recibirá en adelante incentivos por la producción de electricidad.
La Xunta asegura que la supresión de las primas no va a afectar a la marcha de su concurso eólico, pero al mismo tiempo solicitó al Gobierno central un tratamiento singular para los aerogeneradores gallegos basándose en su alta eficiencia por tener garantizado su funcionamiento un mínimo de 2.500 horas al año debido a la constancia y calidad del viento.
Para ello, propuso dos vías de actuación. Que se les mantenga el 70% de la prima actual o que se garantice durante un plazo de 20 años, la vida útil de los aerogeneradores, la percepción de un precio de mercado con su consiguiente evolución. Sería algo así como establecer un precio mínimo por la venta de electricidad.
Pero hasta el momento, el Ministerio de Industria no ha dado muestras de aceptar las propuestas de la Xunta, mientras que los promotores eólicos dan por firme que ya no habrá más incentivos para el sector y que eso les obligará a replantear sus planes industriales asociados.
No obstante, Xunta y Gobierno abrieron negociaciones el pasado mes de abril en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación para "resolver las discrepancias manifestadas" con el real decreto de supresión de las primas. En esas conversaciones, según la Consellería de Economía e Industria, se propondrá un "nuevo marco para la energía eólica que aporte certeza, garantía y estabilidad durante toda la vida de la instalación" que además favorezca la implantación de los proyectos "más eficientes sin sobrecoste para el sistema".
El aviso al Constitucional se publicó el pasado lunes en el BOE bajo el epígrafe de "Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad" y ambas administraciones disponen ahora de seis meses de plazo para llegar a un acuerdo sobre el régimen de las primas al sector eólico. Hasta entonces, la Xunta tiene reservado el derecho a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra del real decreto.
