Lo que pasará con las tres entidades en manos del FROB, a las que en breve se sumará Bankia, sigue siendo una de las incógnitas de la reestructuración. El ministro de Economía tenía que responder ayer una pregunta que expresamente planteaba las subastas de Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia, pero Luis de Guindos se ciñó a recordar que la puja estaba abierta en el caso de las dos últimas y que el Gobierno esperará a lo que muestren las auditorías para "tomar una decisión". Ese mismo trámite tiene en vilo al banco gallego, que acumula unas necesidades que superarán los 6.500 millones de euros para reforzarse más allá de los dos decretos de saneamiento y pensando en abrir la puerta a los inversores privados con los que negocia.

El presidente del FROB, Javier Aríztegui, revelaba esta misma semana en la subcomisión de seguimiento del fondo a puerta cerrada en el Congreso que NCG y la fusión catalana sumaban 9.000 millones pendientes de limpiar con ambas normativas, con un reparto prácticamente a la mitad. Según los números públicos de la entidad fruto de la unión de Caixanova y Caixa Galicia, la normativa para cubrir el ladrillo impagado asciende a 2.340 millones, otros 1.109 millones brutos de los créditos inmobilarios sin mora y 948 millones de déficit de capital principal. El nivel de solvencia de Novagalicia está hoy al 8,2% y no en el 10% al que le obliga la ley por el impacto de las pérdidas del pasado ejercicio –superiores a los 186 millones en el consolidado del grupo– y el esfuerzo extraordinario en dotaciones, que, aún así, deja pendiente la alimentación íntegra de los dos decretos.

A estos 4.397 millones de euros se unen las dudas sobre los 2.000 millones recogidos como créditos fiscales y que su auditora, Deloitte, destacó en su informe a las cuentas de 2011 ante la imposibilidad de contar con esa cantidad si no hay suficientes beneficios. De hecho, la nueva cúpula de Bankia apostó en su petición de fondos por cubrir esta partida y los candidatos a hacerse con CatalunyaCaixa sostienen que el dossier de la subasta incluye su crédito fiscal en los activos a cubrir con apoyo público. La cantidad total en Novagalicia ascendería, pues, a un mínimo de 6.500 millones de euros, sin tener en cuenta el refuerzo de provisiones derivadas de los exámenes externos encargados, incluida la financiación a pymes y familias.

Mañana lunes acaba el plazo para que el sector presente ante el Banco de España sus planes para cumplir el segundo decreto de saneamiento. Para el primero, Novagalicia apostaba por una subasta convencional o una puja parcial por alrededor de un 40% del capital –con lo que el FROB mantendría el 50% todavía– para captar inversores minoritarios. En ambos procesos, y como abiertamente reclamó el banco presidido por José María Castellano, sería necesario un Esquema de Protección de Activos (EPA). Lo que evidentemente elevaría la factura del rescate a la entidad, que, eso sí, prevé la vuelta a beneficios en el primer trimestre, cercanos a los 50 millones en el caso de su actividad directa y casi 37 millones en el consolidado.

En la posibilidad que abrió el FROB a inyecciones de capital directo o la compra de bonos contingentes, cocos, tras la aprobación de la normativa para el ladrillo supuestamente sano ve también la dirección del banco una alternativa para reformar su estrategia. Novagalicia está dispuesta a cambiar el EPA por otra aportación pública de dinero, sobre la que ahora tendría la primera y última palabra Europa.