La Xunta quiere poner orden al caos urbanístico rural. En los próximos meses, la Consellería de Medio Ambiente regularizará miles de naves industriales y viviendas que carecen de licencia municipal o que fueron construidas sin autorización autonómica. En los dos últimos años –plazo habilitado en la reforma de la Lei do Solo de 2010 para construcciones levantadas antes de 2003 en suelo rústico de uso común al margen del planeamiento–, los concellos recibieron 6.295 peticiones de regularización, de las que 4.455 (el 71%) corresponden a usos residenciales y 1.840 (29%) a actividades empresariales.

El cambio legal promovido por la Xunta no supondrá la legalización de estas edificaciones sin licencia, ya que según Medio Ambiente, se trata de un "reconocimiento patrimonial" que permitirá a sus dueños incorporarlas a su patrimonio para "evitar quebrantamientos económicos". No obstante con esta modificación, los propietarios afectados podrán acometer obras de conservación en las viviendas pero no de ampliación. En el caso de las naves industriales, su regularización permitirá mantener la actividad económica, que en el caso de las más de 1.800 peticiones presentadas sustentan entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo.

Las peticiones presentadas afectan a nueve de cada diez municipios gallegos: 284. Del total de ayuntamientos que recibieron estas solicitudes, 184 se referían tanto a usos residenciales como a los relacionados con la actividad económica y el resto presentaron peticiones de un solo uso. Aunque las peticiones las tramitan los propios ayuntamientos, es la Comisión Superior de Urbanismo de la Xunta la que tendrá que emitir el informe favorable a la regularización requerida.

Las provincias de Lugo y Pontevedra concentran el mayor volumen de viviendas y naves ilegales, con 2.322 y 1.905 solicitudes, respectivamente. En A Coruña se reclamaron 1.240 y en Ourense 827.