Cuestiones técnicas amenazan con retrasar una vez más la conclusión de la Transcantábrica. Hasta cinco fechas dio el Gobierno de Zapatero para la puesta en servicio de la A-8 en su recorrido por Galicia. La última, 2013. El nuevo departamento de Fomento, en manos de la gallega Ana Pastor, asumió el calendario heredado de José Blanco. Pero el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, eludió garantizar la conclusión de la autovía que conecta la comunidad con Asturias para el próximo año.
"Estará concluida entre los años 2013 y 2014", apuntó el jefe del Ejecutivo gallego durante su participación en la puesta en servicio del tramo Moncelos-Abadín de la LU-113, que conduce a la autovía Transcantábrica. "Estará concluida entre esos años en función de las dificultades técnicas y no en función de las capacidad presupuestarias", apuntó Feijóo.
El plazo inicial del anterior Gobierno para la apertura definitiva de la Transcantábrica era finales de 2008. Pero no pudo ser y un nuevo pronóstico la fijaba para un año más tarde. Después llegó el compromiso de 2010, al que siguió el de 2011 y 2012. Finalmente, según los presupuestos del año pasado, los dos tramos más complejos de la A-8 –los 15 kilómetros entre Mondoñedo y Carrreira– se retrasarían hasta 2013. Aunque la sucesora de Blanco al frente de Fomento asumió el compromiso del anterior Ejecutivo para la autovía del Cantábrico, Feijóo aludió a cuestiones técnicas que, por sexta vez, podrían suponer un nuevo retraso de esta infraestructura.
El proyecto para unir mediante autovía el norte del país nació en los años setenta, cuando se impulsó una primera fase de las obras que culminaría en 1995 con la conexión entre Bilbao y Santander. Un año después empezó a construirse el primer tramo de la A-8 a su paso por Asturias, pero los continuos retrasos convirtieron la Transcantábrica en una obra eternamente pendiente.
Por otra parte, Núñez Feijóo destacó que la Xunta apuesta por terminar las infraestructuras ya iniciadas y también por la conservación de las ya existentes, campo en el que la Administración gallega ha invertido, aseguró, 100 millones de euros en los últimos tres años.
