Las cuentas de los proveedores no coinciden con las que echaron los ayuntamientos. No solo en la cuantía de las facturas impagadas sino también en el número de afectados por las deudas municipales. Dos días después de que concluyese el plazo para que los ayuntamientos enviasen al Ministerio de Hacienda el listado de recibos pendientes de pago, el departamento que dirige Cristóbal Montoro hizo público el número de empresarios y pequeños proveedores que se beneficiarán del plan del Gobierno para liquidar los recibos que adeudan las administraciones locales.

En España, serán un total de 177.000 acreedores, de los que dos tercios se corresponden a pymes (63.543) y autónomos (50.259). En Galicia, serán unos 14.000, según estimaciones de la Federación Galega de Autónomos. Una cifra que apenas representa el 5% de los 305.000 autónomos (215.000) y trabajadores de la construcción (90.000) en la comunidad.

Los acreedores gallegos se declaran "decepcionados" y "sorprendidos" tanto por el contenido del decreto —abre la puerta a descuentos de la deuda para poder cobrar antes, así como no permitirá cobrar intereses de demora (en torno a un 6%) pese a que la ley así lo recoge— como por los resultados provisionales avanzados el viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros.

Aunque la propia Federación de Municipios y Provincias (FEMP) había cifrado esta semana en unos 17.000 millones de euros el volumen de las facturas impagadas a proveedores, finalmente solo 4.622 ayuntamientos de los casi 8.200 solicitaron al Gobierno préstamos para hacer frente a facturas pendientes de pago por un importe de 9.500 millones —unos 300 de municipios gallegos—.

Galicia, por debajo

En el caso de Galicia, esta cifra se queda muy por debajo de las facturas que aseguran siguen almacenadas en los cajones de las alcaldías, en muchos casos desde hace años. Solo los autónomos, elevan a cerca de 800 millones el importe de los recibos pendientes de cobro. Y los constructores están a la espera de que los concellos les paguen facturas que superan los 600 millones.

A partir de mañana la incógnita será despejada. Al menos la de saber si están en el listado remitido por los ayuntamientos a Hacienda. Los que no figuren en esta lista deberán pedir al concello, con las facturas en mano, la emisión de un certificado individual, que les será expedido en un plazo máximo de 15 días. De pasar este tiempo y no tener respuesta alguna de la administración afectada, se entenderá reconocido el derecho de cobro. En mayo y abril habrá revisiones de estos datos.