El abogado y promotor vigués Manuel Núñez fue condenado por un delito de cohecho en Murcia. Fue acusado de pagar sobornos al alcalde de Totana a cambio de licencias urbanísticas. Núñez llegó a un acuerdo con el fiscal para que le rebajaran la pena a 5 meses de prisión o una multa de 8.700 euros. A pesar de ello, insiste en su inocencia y denuncia que fue tratado como un "terrorista".

–Usted se declara inocente. ¿No pagó una comisión de tres millones de euros al alcalde de Totana?

–Lo que pagué al ayuntamiento estaba recogido en una tablas de edificabilidad que fijaban una cantidad de cinco millones de euros, pero era perfectamente legal. De esa cantidad entregué tres millones de euros.

–Si es inocente, ¿por qué lo implican en la trama?

–La acusación surge a raiz de una persona que actuó de intermediaria en la compra de los terrenos. Me pidió tres millones de euros para el alcalde. No se los di porque el alcalde me dijo que era mentira. Entonces automáticamente prescindió de los servicios de este señor, que entonces se fue a hablar con un concejal del PSOE en Totana. Este edil grabó la conversación y presentó una denuncia ante el juzgado. Sin embargo, el intermediario cuando comparece a declarar ante el juez dice que todo lo que ha dicho anteriormente son fabulaciones, que él solo quería cobrar la pensión. A partir de ahí empiezan las anormalidades.

–¿Qué irregularidades?

–El magistrado del Tribunal Supremo en un auto de noviembre de 2010 dice que el convenio que firmé con el alcalde es legal y además yo tengo dos dictámenes que aporto al proceso de un catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Murcia defendiendo esta legalidad. Si es legal no hay cohecho y entonces, ¿por qué tiene que haber juicio oral?

–Pero se celebra el juicio y usted llega a un acuerdo con el fiscal...

–Cuando llego al juicio, la sala autoriza al fiscal a que empiece a ejercitar un verbo que se llama mercadeo y yo me quedo totalmente ensimismado. Se me dice que hace prácticamente dos meses que el fiscal está negociando con las diversas partes que hay en el proceso. A mí no se me llamó nunca y a última hora de la mañana el fiscal me dice que quiere hablar conmigo. Me ofrece un acuerdo y le digo que no. Que he sido víctima de que a mi casa hayan irrumpido a las seis y media de la mañana 52 guardias civiles armados hasta los dientes como si fueran a detener al mayor delincuente o a un terrorista. De hecho, he presentado una querella criminal en Vigo por allanamiento de morada y detención ilegal.

–Pero al final suscribe el acuerdo para que se le rebaje la pena, ¿por qué, si es inocente?

–Porque los demás habían llegado a un acuerdo y yo me echo encima a doce señores que dicen que he tenido participación en unos hechos concretos. Ellos lo hacen obligados. Para eludir la cárcel dicen eso o lo que les pongan.

–Pero no cedió hasta el momento final del juicio, ¿por qué dudó tanto?

–Fue una rendición anímica. Sufrí presiones por todos lados. Porque no todos teníamos el mismo delito. El alcalde estaba imputado por varios delitos y también llegó a un acuerdo. Es un escándalo. Si se instruye un sumario durante cuatro años es evidente que debe haber pruebas concluyentes. Si se tomaron las medidas policiales que se tomaron conmigo es porque hay hechos gravísimos. No se puede llegar a este mercadeo. Si hay delito, hay delito. Fue algo tremebundo, me mandan 52 guardias civiles como si fuera el "Malaya 2". ¿Cómo se explica que ahora tras cuatro años de investigación yo salga de aquí con una multa?

– Pero si las irregularidades eran tan flagrantes, ¿por qué cedió y no intentó defender su inocencia?

–Estaba solo ante el peligro. Entendí que no estaba en un estado de derecho y que me podían meter en una encerrona. Me siento atropellado en mis derechos.