29 de enero de 2012
29.01.2012
Faro de Vigo

Galicia limita el acceso a la justicia gratuita, cuyo coste se cuadruplicó desde el traspaso

Se computarán los ingresos brutos, cuando ahora se valoran los netos en algunos casos

29.01.2012 | 07:30
Servicio del turno de oficio en los juzgados de Vigo. // Joel Martínez

La crisis ha multiplicado en los último años no solo las denuncias por conflictos laborales, deudas, desahucios o impagos en hipotecas, sino también los ciudadanos sin recursos que solicitan un abogado de oficio. Galicia y las otras 11 comunidades con competencias judiciales llevan años reclamando que se revise la legislación que regula el acceso a la justicia gratuita, un derecho básico pero que, insisten, hay que limitar a personas sin recursos suficientes para pagarse un letrado. A la espera de que el Gobierno revise la ley de 1996, un compromiso que adquirió esta semana el ministro de Justicia en el Congreso, la Xunta está dispuesta a tomar la delantera y reformar el reglamento autonómico que fija las condiciones de acceso a este servicio.
Según el borrador inicial, que la Consellería de Presidencia acaba de remitir a los siete colegios de abogados, se limitará el acceso al turno de oficio a ciertas personas que, por razón de su renta, hasta ahora sí lo recibían. Para ello, la Xunta ha añadido un nuevo punto en el reglamento en el que especifica que a la hora de computar los recursos económicos de cada solicitante, las Comisiones de Xustiza Gratuita (uno por ciudad y que se encargan de evaluar las peticiones) deberán tener en cuenta los "ingresos brutos anuales" de los que dispone para decidir si cumple los requisitos que fija la ley: no superar el doble del IPREM (unos 14.900 euros anuales).
Se trata de un cambio fundamental, como explican abogados consultados, porque en estos momentos hay comisiones, como la de Vigo, que computan los ingresos brutos y otras, como la de Santiago, que solo cuentan los netos debido a que, ni el reglamento gallego ni la ley estatal, especifican el criterio a seguir. Esto significa que, en la práctica, a un mismo ciudadano se le puede reconocer el derecho a un abogado de oficio en la capital gallega pero no así en Vigo. A partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento todas las comisiones computarán las rentas brutas del solicitante por lo que los abogados dan por hecho que algunos ciudadanos quedarán excluidos. "Existían criterios dispares entre nuestras comisiones. El cómputo debe ser el bruto, hay sentencias en ese sentido, y así pretendemos despejar la duda y uniformar", aclara la Xunta.
Otra de las modificaciones amplía los supuestos en los que el Colegio de Abogados no podrá asignar provisionalmente un profesional de oficio, algo que se deberá evitar "cuando no sea preceptiva la intervención de letrado". Esta medida limita también el recurso excesivo al turno de oficio, ya que la Xunta siempre se ha quejado de la flexibilidad con la que se aplica la "presunción de insuficiencia de recursos" en asuntos que requieren cierta urgencia, porque los controles posteriores suelen demostrar que el beneficiario sí podía pagarlo.
Con todos estos cambios se pretende, según explican desde Presidencia, homogeneizar los criterios de las comisiones de justicia gratuita a la hora de evaluar las solicitudes, mejorar la coordinación y eficiencia del servicio y agilizar la tramitación y los pagos de los expedientes. Otro de los cambios que va precisamente en la línea de imprimir más rapidez tiene que ver con los plazos para comunicarle al solicitante si tiene derecho a abogado de oficio. El nuevo reglamento establece que el demandante, el abogado y el procurador deberán ser informados en "el plazo común de tres días" de la decisión de la comisión.
Aunque desde la Xunta insisten en que "más que restringir" lo fundamental es resolver disfunciones y lograr "una mayor coordinación y eficiencia entre colegios y comisiones", lo cierto es que el Ejecutivo gallego lleva toda la legislatura insistiendo en el mismo mensaje: que la justicia gratuita debe ser para quien la necesita. El margen de maniobra con el que cuenta la Xunta, que gestiona y paga el turno de oficio pero no puede cambiar la normativa, es limitado. Todo depende del Gobierno, el único competente para acometer una reforma de la Ley de Justicia Gratuita de 1996 que las comunidades reclaman desde hace tiempo para cambiar los requisitos económicos de acceso, endurecer los controles y adaptarla a los últimos cambios legislativos, como los nuevos delitos de tráfico o la implantación de los juicios rápidos, que han multiplicado de forma exponencial el número de solicitudes y de asistencias gratuitas. De hecho, desde que la Xunta asumió estas competencias en 1995 el coste de la Justicia gratuita se ha multiplicado por cuatro (de 3 a 11,1 millones en 2010) y el año pasado, según cálculos de los abogados, el turno de oficio le costó a la Xunta 13 millones de euros.

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