El Tribunal Supremo investigará la posible implicación del exministro de Fomento José Blanco en la "operación Campeón", donde la juez instructora del caso ha detectado indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias. Tras detectar estos hechos, la juez Estela San José se inhibió en favor del alto tribunal, que debería decidir en virtud de la condición de aforado del ya exministro pero todavía diputado del Congreso. El alto tribunal se declaró ayer competente para iniciar la investigación, después de que la Fiscalía también solicitase el 28 de noviembre que investigase la relación de Blanco con el caso.
La sala de lo penal del Supremo admitió a trámite esta petición y declaró al magistrado José Ramón Soriano como instructor de la causa, según revelaron ayer fuentes judiciales.
Ahora, el Supremo analizará las acusaciones del empresario Jorge Dorribo, principal imputado en la supuesta trama de captación de ayudas ilegales, contra Blanco, al que acusó de recibir comisiones ilegales para beneficiar a su empresa, Laboratorios Nupel, ante el Ministerio de Sanidad y el de Hacienda.
La sala de admisiones del Supremo decidió ayer en un auto analizar lo sucedido porque el material que consta en el sumario "permite inferir indiciariamente una serie de entregas de dinero al aforado", es decir, al exministro, que se enfrenta a un posible delito de cohecho y tráfico de influencias. El auto fue firmado por el presidente de la sala de lo penal del Supremo, Juan Saavedra, y los magistrados Francisco Monterde, Miguel Colmenero, Perfecto Andrés Ibáñez y Julián Sánchez Melgar, que actuó como ponente.
El Supremo debe decidir ahora si en los próximos días llama a declarar a Blanco como imputado en la causa, para lo cual debería presentar un suplicatorio ante el Congreso ante la condición de aforado del actual diputado por Lugo. Esta situación podría evitarse si el dirigente socialista se presenta voluntariamente a declarar.
El exministro mostró su "respeto" a la decisión en declaraciones a Efe. "Era un auto esperado una vez que la Fiscalía se había pronunciado sobre la necesaria investigación para clarificar las acusaciones vertidas sobre mí. Tengo la seguridad de que la investigación va a clarificar las falsas acusaciones y se va a esclarecer la verdad", manifestó.
El empresario Jorge Dorribo ingresó en prisión en mayo como presunto cabecilla de la trama de captación de ayudas ilegales. Tres meses después salió en libertad con cargos tras declarar ante la juez haberse reunido con Blanco en una gasolinera de Guitiriz el 5 de febrero antes de viajar juntos a un acto del ministro en A Coruña. Aunque en una primera declaración omitió este dato, luego aseguró que allí entregó a un primo político de Blanco, el empresario Manuel Bran, un sobre con 200.000 euros para el responsable de Fomento.
El 6 de octubre, Blanco emitió un comunicado en el que reconoció el encuentro pero negó haber "recibido o cobrado" ninguna cantidad "ni directa ni indirectamente, ni en metálico ni en transferencia, ni en cuentas ni a través de personas interpuestas".
A esta acusación se unen otras pruebas en contra de Blanco, analizadas por la juez Estela San José, que envió al Supremo un escrito en que sostenía que la Fiscalía también apoyaría una investigación al exministro por un posible delito de tráfico de influencias derivado de varios mensajes de móvil que vincularían a Blanco con un trato de favor al vicepresidente de Azkar, el empresario lucense Antonio Orozco, para conseguir una licencia de construcción de una nave en Sant Boi de Llobregat.
La "operación Campeón" provocó la detención de 15 personas, entre ellos dos responsables del Igape de la Xunta, y la dimisión de los diputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), acusados también por Dorribo de recibir comisiones ilegales.
