La Asociación de Gandeiros de Cabalos do Monte da Groba denunciará la próxima semana a la Xunta ante la Comisión Europea por imponer los microchips para identificar a los equinos "salvajes". De momento, solo esta asociación, cuyos animales pastan en la sierra que separa los concellos de Baiona, Tui e A Guarda, se embarcará en la aventura legal, pero da por hecho que "muchas" agrupaciones similares de la provincia de Pontevedra se sumarán a su empeño.

El objetivo de los propietarios de los caballos es que se considere que estos animales viven en condiciones "salvajes" y, por lo tanto, encuentren un hueco en la excepción que la normativa europea marca para la identificación de equinos, al margen de la regla general que obliga a colocar transpondedores.

De hecho, como afirman representantes de esta organización, su objetivo no es eludir la identificacion del dueño de los equinos en el caso de que éste tenga que asumir la responsabilidad, por ejemplo, por un accidente, sino que la Unión Europea admita la característica singular de esta especie, que vive en un régimen de libertad, y que permita que sea suficiente la marca tradicional.

Según la Asociación de Gandeiros de Cabalos de A Groba, el Ejecutivo gallego está "incumpliendo el derecho comunitario" al imponer la colocación de los chips. En concreto, la normativa objeto de denuncia es el decreto 268/2008 de 6 de junio, que iría, subrayan representantes legales de la organización, en contra de los dispuesto en el Reglamento 504/2008 (CE) de la Comisión.

El decreto de identificación equina objeto de la polémica fue aprobado por el bipartito, pero no fue hasta este año que la Consellería de Medio Rural exigió su aplicación a los propietarios de los caballos que pastan en el monte.

En abril, la polémica llegó a su punto culminante cuando varias asociaciones de Pontevedra (A Groba, Serra do Suído, O Castrove, Monte Acibal, A Valga, Monte Galiñeiro y Morgadáns) amenazaron con dejar de celebrar sus tradicionales curros si la Administración persistía en obligarles a identificar a los animales con transpondedor. Después de un encuentro con Samuel Juárez y de que asociaciones como la de Sabucedo decidieran aplicar la legislación, los representantes de las asociaciones cabalares antes citadas celebraron sus curros porque la Xunta alegó que la rapa era una práctica que se ubicaba en el lugar de explotación y no iba a "prohibirla". Entonces el Ejecutivo dijo a los propietarios que consultaría a la asesoría jurídica para ver si era posible eximir a los caballos del chip. La respuesta, finalmente, fue que no.

Los curros se celebraron, pero el Gobierno gallego declaró que seguiría "presionando" para que se aplicase la norma –y habilitó una línea de ayudas para subvencionar, hasta 2013, en diferentes porcentajes, los microchips–.

Tanto el director xeral de Produción Agropecuaria, José Álvarez Robledo, como el propio conselleiro, veían entonces "inevitable" aplicar la regulación y ahora la Xunta trabaja en otro borrador de decreto que mantiene la exigencia y, según las asociaciones cabalares, amplía las restricciones a los equinos salvajes de modo que hace peligrar su pervivencia en libertad en los montes.