La CIG ha denunciado la situación que están sufriendo algunas personas que se ven afectadas por un decreto publicado por la Xunta en el DOG que, según ha explicado el sindicato, "prohíbe el acceso a la sanidad pública a las personas sin recursos", ha señalado la secretaria comarcal de CIG en A Coruña, Dores Martínez.
La norma, publicada el 9 de septiembre y en funcionamiento desde el día 10, indica que "se reconocerá el derecho a la asistencia sanitaria mediante diferentes procesos administrativos según el grupo del que se trate" el paciente. Así, según ha explicado la responsable de sanidad de la CIG, María Seijo, "las personas desempleadas que lleven más de doce meses en inactivo se les quita la prestación médica y farmacológica".
"Se les bloquea la tarjeta sin previo aviso y hasta que no reciban una tarjeta sanitaria para personas sin recurso (TSR) no tendrían acceso a la sanidad pública", ha añadido Seijo. En concreto, "sólo pueden acceder a urgencias y firmando antes un compromiso de pago", o pagando la consulta del médico de familia. Así ocurrirá para la CIG durante por lo menos 7 meses, que suele ser, según Seijo, el tiempo de espera hasta que el INSS otorga otra acreditación que les devuelve todos los derechos. En rueda de prensa, Seijo ha destacado que en Galicia hay 65.000 familias sin recursos que se podrían ver afectadas por una norma que se hace "de una forma mezquina" y "por la puerta de atrás", ha criticado la responsable de sanidad del sindicato.
Entre los afectados se encuentra Mercedes Amaral, una mujer que lleva 5 años en el paro y que ha dejado de tener médico desde el momento en que se le acabó la prestación por desempleo. "No te dicen que no tienes médico, ni te dan un derecho para que te atiendan", ha comentado emocionada. "Es injusto, no somos ricos pero tenemos derecho a que nos atiendan", ha añadido Amaral, que ha tenido que recurrir a las ONG para poder continuar con su tratamiento de ansiedad y depresión.
Por su parte, la delegada sindical en Caritas, Merche Carrián, ha animado a tomar medidas contra una situación "que ni el propio personal sanitario sabe que está ocurriendo". El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del PPdeG, Miguel Santalices, ha asegurado hoy que la Xunta garantiza el derecho de los "ciudadanos gallegos" a la asistencia sanitaria, "tanto si trabajan como si no".
Santalices ha respondido en estos términos a las críticas de BNG y PSdeG, que hoy han denunciado que el Gobierno gallego deja sin atención sanitaria a las personas sin recursos y a los parados.
Garantías de la Xunta
El diputado del PPdeG explica que la Consellería de Sanidad creó el denominado 'Código 29' para los gallegos residentes en la Comunidad autónoma, "de forma que se garantiza el derecho a su asistencia sanitaria, tanto si trabajan como si no", señala. Indica que el Ejecutivo autonómico cumple de esta manera, al igual que hicieron otras comunidades españolas, la directiva emitida por el Ministerio de Sanidad a requerimiento de la Unión Europea para luchar contra el fraude. En un comunicado, Santalices apunta que cerca de 1.000 personas han solicitado ya acogerse al 'Código 29' que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria por parte de las personas sin recursos económicos suficientes y de aquellas que se encuentran en situación de desempleo.
Por su parte, el secretario de Sanidad del PSdeG, Miguel Ángel Fernández, ha denunciado las "mentiras e hipocresías" del Ejecutivo gallego "tras hacerse público hoy el caso de una mujer "a la que le denegaron el acceso a la consulta médica y asistencia farmacéutica por ser una desempleada de larga duración y no tener recursos". Fernández ha pedido la dimisión de la conselleira de Sanidad, Pilar Farjas, "por romper la equidad del sistema sanitario público", señala en un comunicado.
También la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha denunciado que las medidas adoptadas por la Xunta supondrá que los pacientes que requieran una prótesis, silla de ruedas u otros dispositivos para caminar deberán comprarlos y, posteriormente, pedir al Sergas su reintegro. Esos pacientes "deberán pagar ellos mismos cuando los reciban en los centros sanitarios o en establecimientos ortoprotésicos y posteriormente reclamar su reintegro al Sergas", indica una comunicado la citada asociación. Apunta que "la solicitud podrá o no ser satisfecha por la Administración en función de la disponibilidad económica", por lo que considera que las nuevas medidas suponen un "nuevo recorte al derecho a la atención sanitaria en Galicia".
