16 de noviembre de 2011
16.11.2011

Castellano se enfrenta a otro milagro

Ninguno de los tres grupos de inversores tiene aún cerrada su presencia

16.11.2011 | 01:32

José María Castellano es una rara excepción en el exquisito círculo de los grandes ejecutivos, habitualmente plagado de críticas más que de alabanzas. No es su caso. La transformación de una diminuta red de tiendas en un imperio textil planetario al lado de Amancio Ortega y el rescate de una teleco prácticamente en quiebra ilustran su dilatada hoja de méritos. Hasta cuando tuvo que meter la tijera en ONO, los sindicatos acabaron dulcificando su discurso de rebeldía. Lo que tiene ahora entre manos, sin embargo, es un milagro todavía mayor y repleto de incertidumbres. ¿Qué camino le espera a Novagalicia? Una entidad que depende nada más y nada menos que de la amenaza de otra recesión global, el futuro de la política económica tras el 20-N y su capacidad para convencer que, pese a su nacionalización en el 93% y la devolución pendiente de otros 1.166 millones de dinero público, será rentable. Su máximo responsable defendía este lunes en la presentación de la reforma interna que hay compromisos "por escrito y actualizados" de inversores, pero que ninguno está cerrado y que los "importantes" en cantidad podrían hacerse esperar.
Y eso supone otra inquietud más. Entre el 1 y el 15 del próximo diciembre se abren por primera vez las puertas del accionariado de Novagalicia para los socios interesados en integrarse en el proyecto. La compra de títulos al FROB, que inyectó 2.465 millones euros, implicará en este turno un interés del 2,5%. Una paquete de 10 millones de euros en capital del banco implicaría, pues, el desembolso real de 10,2 millones. A partir de ahí, para los próximos tramos –una quincena en marzo de 2012, otra en junio y otra en septiembre–, la compensación al Estado sube hasta alcanzar el 12%. Ante la difícil situación de la economía y la perspectiva de que el ejercicio que viene será aún peor, el tiempo juega en contra del proceso.
De hecho, la intención inicial de José María Castellano cuando tomó la presidencia en septiembre pasaba por condicionar su cargo, o de lo contrario abandonaría el barco, a la llegada de entre 500 y 600 millones de euros en capital privado antes de cerrar el año. Incluso más. Unos 700 millones. En su estreno ante los medios de comunicación esta semana para hablar de la situación, el presidente de la entidad rebajó el "objetivo" que se ha planteado "en torno a los 500 millones", con el importante matiz de que la privatización de una quinta parte del capital –la parte de la caja, ahora mismo un 6,7%, computa como si fuera un socio público– permitiría teóricamente, según la normativa de solvencia, rebajar del 10% al 8% el mínimo de recursos. El ejecutivo insistió en que puede hacerse, pese a la obsesión en el sector de blindarse con porcentajes superiores al 9%, las pocas ganas de relax en los balances que hay en el Banco de España y las implicaciones en futuros test de estrés.
La ventana inaugural, según varias fuentes consultadas y con lo que el propio Castellano dio a entender este lunes –"Si no es ahora, sería en un segundo tramo", señaló, en referencia a los fondos americanos–, parece reservada a empresarios gallegos que viven aquí y los que se tocaron en México. ¿Cuánto? Las cifras siguen siendo una incógnita. Algunos, como el líder de Gadisa, el de Jealsa o el de Roodman, confirmaron su participación, pero también sin detalles. En el entorno del banco especulan con "unos 100 o 150 millones" de estos dos grupos de inversores. "En finanzas no se puede decir nunca que algo es imposible –señalan otras fuentes conocedoras del plan–, pero es dificilísimo llegar a tanto".
En todo caso, ni la cesta de empresarios gallegos, ni la de los grandes fondos está cerrada. Hay inversores americanos, en palabra de Castellano, que "quieren y tienen intención". "Lo tienen prácticamente decidido", afirmaba. Con el hándicap de su preocupación por el huracán del euro y lo que haga el gobierno que salga de las urnas el domingo. El favorito, el PP, está dispuesto a finiquitar "antes del verano" la reestructuración financiera y el mercado da por hecho la venta de las cajas nacionalizadas. El presidente de Novagalicia asume públicamente que los socios internacionales son los que permiten, o no, cumplir el proyecto.
Como guinda, Castellano y su consejero delegado, César González-Bueno, desvelaron un acuerdo con el FROB para ofrecer a los inversores de relevancia un Esquema de Protección de Activos (EPA) para blindarles parte de las posibles pérdidas en su inyección. A imagen y semejanza de las que se usan en las entidades intervenidas, con la novedad de que en caso de que haya ganancias en los próximos cuatro años por encima de lo esperado, su obligación es reinvertir en más acciones.
La posibilidad sorprende en el sector, donde recuerdan la negativa constante del Banco de España a concederlo. Ya lo hizo cuando Caixanova lo pidió para digerir los activos dañados de Caixa Galicia en la fusión, entonces con la caja coruñesa en contra porque implicaría reconocer cuál era el estado de su balance. La misma razón por la que se negó la Xunta, que, eso sí, tras la unión lo reclamó para hacer atractiva a la entidad.
En el día después del anuncio del organigrama y el reparto de la actividad entre banca corporativa, una marca en concreto para Galicia, otra para el resto de España enfocada al negocio en nuevas tecnologías y una unidad para el ladrillo a modo de banco malo, la CIG recuerda que el modelo para aislar el problema del ladrillo ya se les presentó por la anterior cúpula. "¿A qué responde que ahora el Banco de España lo permita y antes no?", pregunta Clodomiro Montero. La Fiscalía General del Estado acaba de comunicar al sindicato que su denuncia sobre las indemnizaciones y el "posible pacto" para forzar la baja valoración de la caja con el supervisor está ya en manos de Anticorrupción. CCOO y UGT han puesto la atención en el "excedente, no cuantificado" de plantilla en servicios centrales que les comunicó Novagalicia y que acabarían en ceses en caso de que no se ajusten con las bajas incentivadas de la ampliación del ERE.

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