La Administración se encuentra ante una paradoja: un elevado nivel de paro y la imposibilidad de contratar. Al menos en Galicia, pues a nivel estatal las cifras desmienten al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que el viernes culpó del aumento del paro reflejado en la Encuesta de Población Activa que deja a España al borde de los cinco millones de personas sin trabajo a los despidos en las comunidades. Los datos contradicen esa tesis.
En España 3.220.600 personas reciben su sueldo de alguna administración pública –la EPA_no distingue entre Gobierno central, autonomías y municipios–, 3.100 más que en el segundo trimestre del año y 44.700 más que en el mismo período del ejercicio pasado.
En Galicia la senda pasa por la estabilización. En el tercer trimestre del año, la cifra de asalariados públicos asciende a 198.100 personas, 600 más que en trimestre anterior, pero 3.300 menos que en el mismo período del año pasado, cuando Galicia tocó su techo histórico de ciudadanos a sueldo del erario público, superando por primera vez las 200.000 nóminas.
De las siete mil personas que perdieron su puesto de trabajo en Galicia entre julio y septiembre, apenas un 8,5% cobraba de alguna administración.
Más allá de los vaivenes trimestrales, las estadísticas de la EPA muestran que el empleo público aumentó durante el último año en nueve comunidades autónomas y descendió en ocho. En el primer grupo se encuentran Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra. En el extremo opuesto, además de Galicia, se encuentran Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, País Vasco y La Rioja.
