La reforma de la ley de morosidad obliga a los ayuntamientos a abonar las facturas en 50 días. Pero muy pocos concellos, aquejados por la deuda y los ajustes presupuestarios, cumplen este plazo. El Consello de Contas alertaba recientemente de que 52 municipios corren el riesgo de insolvencia y 27 tardan en pagar a sus proveedores 180 días, lejos del ideal de 50 jornadas. Los créditos ICO ofrecidos por el Gobierno se presentan como una salida para que los municipios obtengan liquidez y puedan aliviar los pagos pendientes. Sin embargo, los concellos evitan elegir esta vía para paliar la morosidad: solo un ayuntamiento gallego ha solicitado un préstamo al Instituto de Crédito Oficial en la actual convocatoria (2011). ¿La principal razón?: el elevado interés del préstamo.

En el conjunto del Estado, 204 ayuntamientos han pedido préstamos al ICO por un importe total de 495 millones de euros. Destinarán esta cantidad al pago de 64.792 facturas. Este es el balance que ofrece el ICO a día de hoy, teniendo en cuenta que el plazo de solicitud no termina hasta finales de noviembre. Es significativo, sin embargo, que en la situación económica actual las arcas locales no recurran a esta línea de ayudas que ofrece el Ministerio de Economía. Son 204, de los 8.116 municipios que hay en el país, los que se han apuntado desde el pasado mes de julio, cuando se abrió la convocatoria. ¿Y en Galicia? "Según los datos de aplicación de las líneas ICO-Entidades Locales se han registrado dos operaciones correspondientes a un ayuntamiento, por un importe de 159.894 euros para hacer frente a 90 facturas abonadas", informa el propio Instituto de Crédito Oficial, que evita poner nombre al concello solicitante "por una cuestión de protección de datos". El éxito de la línea de ayudas del Gobierno en Galicia, con un mapa de 315 concellos, es, de momento, prácticamente nulo.

¿Por qué los municipios evitan solicitar estos créditos? Según fuentes de consistorios gallegos que han tanteado la posibilidad de echar mano de los ICO pero finalmente no lo han materializado se debe a las condiciones gravosas de los préstamos. No les convence pagar un interés tan elevado, que en algunos casos se acerca al 6% cuando el euribor se sitúa en el 2,1%. La banca se queda con un diferencial importante y los ayuntamientos prefieren valorar otras alternativas para paliar su morosidad antes de optar por un préstamo de este tipo. Además, las entidades locales que acepten deben liquidar el préstamo ICO en un plazo máximo de tres años. De lo contrario, el Ministerio de Economía restaría ese importe de las entregas correspondientes a los municipios que no cumplan con el compromiso.