01 de octubre de 2011
01.10.2011
José Fernández Albertos - Científico titular del Instituto de Políticas del CSIC

"Tenemos muchos ayuntamientos y muy pequeños y eso favorece el clientelismo"

"Hay que aumentar el tamaño de los municipios, dándole incentivos para que se asocien"

01.10.2011 | 11:26
José Fernández, en el Pazo de Mariñán, en A Coruña. // Eduardo Vicente

Científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es doctor en Ciencias Políticas por Harvard y ejerció como profesor en el Institut Barcelona d´Estudis Internacionals e investigador en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de California en San Diego y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de Ciudad de México.

En contra de la visión de transparencia que los ciudadanos tienen en Europa de los ayuntamientos, en España se ve como las administraciones "más susceptibles de caer en la corrupción". Durante las jornadas organizadas en el Pazo de Mariñán por el grupo de investigación Rede de la Universidade de Vigo en colaboración con la Xunta y la Diputación de A Coruña, José Fernández Albertos advirtió ayer de que en España hay demasiados ayuntamientos y muchos muy pequeños. "Eso favorece el clientelismo", sentencia el experto del CSIC.

-Gürtel, Malaya, Palma Arena, Orquesta? Ninguna comunidad se salva de la ola de corrupción. Según datos de la Fiscalía, más de 800 causas fueron abiertas contra políticos recientemente, un centenar en Galicia. ¿Se investiga más ahora a los cargos públicos o son más corruptos?

-Seguramente un poco de todo. En España estamos acabando una fase alcista de crecimiento económico donde todos estos fenómenos ocurrían con relativa impunidad y ahora están saliendo más a la luz por la debilidad política de la que los sufren. Una de las críticas que se puedan hacer a este argumento de que son las entidades locales más susceptibles de corrupción, es que también quizás sean ellas las más vulnerables ante actores que están por encima de ellas para levantar estos casos. Pero a lo mejor hay entidades más arriba que están más protegidas de la investigación.

-Mientras en el resto de Europa se ve a las administraciones locales como las más transparentes, en España no es así.

-Efectivamente, mientras en el contexto internacional suelen ser vistas como las más transparentes, democráticas y menos corruptas, aquí es justo lo contrario. Los ciudadanos perciben a las administraciones locales como las más susceptibles de caer en la corrupción. Habría que ver el por qué de esto. En parte, es por la burbuja que hemos sufrido, de una magnitud casi única en España. Además, el diseño institucional de los ayuntamientos –son muy pequeños y tienen muy poca infraestructura de monitoreo de cuentas– ha hecho que la transparencia fracasara; precisamente porque la poca dimensión de estos municipios hacía poco aconsejable que desarrollaran estructuras de control de gasto. Y pese a ser pequeñas, muchas de que las decisiones que toman estos ayuntamientos tienen consecuencias económicas de gran magnitud, como por ejemplo la recalificación de terrenos.

-¿En qué medida influye el tamaño de un municipio en los casos de corrupción?

-El tamaño debería estar negativamente asociado con la representatividad del ayuntamiento. Es decir, cuanto más cercano está el alcalde a tu posición como ciudadano más deberíamos esperar que fuera responsable y tuviera menos oportunidades de escapar del control de sus votantes. Pero los datos no parecen dar apoyo a esta visión. En los países y regiones más grandes, los ciudadanos no perciben a las instituciones más alejadas de ellos, ni que la democracia funciona peor. Esto puede ser porque los municipios pequeños son más susceptibles de caer en redes clientelares porque no tienen los mecanismos de control necesarios. Esto encaja en la teoría política que viene desde Madison, que decía que hay que hacer comunidades políticas grandes para evitar que haya pequeños grupos de poder dentro de un pequeño ayuntamiento con capacidad de corromper el sistema.

-¿Eso es extrapolable a la situación en los municipios en España y en concreto, los gallegos?

-Lo que está claro es que por tener municipios más pequeños no se mejora la representación de los ciudadanos porque luego estos ayuntamientos se ven obligados a depender de mancomunidades y diputaciones para proveer muchos servicios públicos. Lo que sí puede ser verdad es que los ayuntamientos pequeños son más susceptibles de caer en estas redes clientelares. No vamos a solucionar del todo problema aumentando el tamaño medio de los municipios porque hay ayuntamientos como Marbella que tienen estos problemas, pero lo cierto es que España tiene demasiados municipios y muchos muy pequeños. Esto hace muy ineficiente la provisión de muchos servicios y que sean más susceptibles de caer en redes clientelares.

-La Fiscalía gallega propuso endurecer los mecanismos de control de la gestión pública a través de los secretarios e interventores municipales. ¿Es una posible solución para atajar los casos de corrupción.

-No sé qué relevancia final tendrían estos informes vinculantes y hasta qué punto socavarían la autonomía local reconocida en la Constitución. Pero creo que estas recomendaciones de aumentar el tamaño de los municipios, no obligándolos, pero sí fomentándolos y dando incentivos para que los ayuntamientos cooperen y creen unidades administrativas más grandes es una de las posibles soluciones. Después, sin duda habría que fortalecer los mecanismos de control; y de cara a los ciudadanos –y esa es una reforma más a largo plazo– hacer un reparto más claro de competencias. Esta es una reforma pendiente que ayudará a los ayuntamientos a tener claro que son responsables de unas cosas y de otras no, y que los ciudadanos sepan a quién castigar.

-A la vista de los resultados electorales, donde alcaldes y presidentes imputados en casos de corrupción revalidaron el bastón de mando, parece que los vecinos actúan como meros espectadores indiferentes ante escándalos que denominan "pequeños chanchullos"...

-Esto es preocupante para la salud democrática de nuestros gobiernos. Lo que está pasando en realidad es que el castigo por las malas conductas viene por el lado del abandono de la política por parte de unos ciudadanos y aquellos que participan se mueven no porque algunos políticos hagan bien su tarea provean bienes públicos de forma más eficiente, sino porque sean políticos que benefician sus agendas personales. Esto es problemático, porque a medio largo plazo tendremos a políticos que lo que vendan en el mercado electoral sea dar favores personales a determinados grupos porque saben que eso es lo que da votos y dejen de lado las agendas universalistas de provisión de bienes públicos para todos porque en el caso de que esto no se haga el único castigo será que unos votantes te abandonen.

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