Los diputados gallegos disponen de una conexión a internet en sus domicilios costeada por el Parlamento de Galicia además de teléfono móvil sin restricciones en el gasto. Aunque no es un caso aislado dentro de España, otras comunidades como Canarias, Murcia y Valencia ya introdujeron un límite en el consumo de llamadas de sus parlamentarios. Y en cámaras autonómicas, como la de La Rioja se han hecho públicos incluso los consumos telefónicos desmesurados de algunos de sus diputados, con facturas que superan los 3.200 euros al mes.

En Galicia la crisis económica ha hecho replantearse a los grupos parlamentarios ciertos gastos como el que supone el uso de coches oficiales por parte de los miembros de la Mesa, pero en materia de telefonía se mantendrán las prerrogativas de las que disfrutaban hasta ahora sus señorías.

El Parlamento gallego acaba de sacar a concurso el nuevo contrato de telefonía e internet que regirá durante los próximos tres años sin introducir ninguna restricción a los servicios que ya se venían ofreciendo hasta ahora. Desde la Cámara autonómica se alega que en Galicia no hay "excesos en el consumo" y se garantiza que existe "un control de la factura de cada diputado", aunque no se concreta de qué forma se vigila este gasto.

En la época en la que Dolores Villarino presidía la Cámara se había marcado un límite en el consumo de móvil que rondaba los 70 euros, pero después en 2007 se sacó a concurso la contratación del servicio de telefonía bajo unas condiciones que el Parlamento quiere ahora prorrogar con el nuevo contrato que está aún pendiente de adjudicar y que no incluye ningún techo de gasto en las llamadas a móviles.

Las empresas interesadas en hacerse con el contrato de telefonía del Parlamento presentarán en su oferta una cantidad estimada de lo que cobrarán cada mes por las llamadas a móviles en función de los datos de consumo medio que les suministra la propia Cámara. Sin embargo, no será una tarifa plana, puesto que cada seis meses se revisará la facturación en móviles y si excede el precio pactado con la operadora, el Parlamento gallego deberá aportar la diferencia.

En las Cortes valencianas, por ejemplo, en 2010 habían presupuestado 500.000 euros para gastos de teléfono y se sobrepasó esa cantidad hasta alcanzar los 781.000 euros, exceso que fue precisamente el que motivó la decisión de imponer un límite de 140 euros en las llamadas de móviles.

Desde el Pazo do Hórreo defienden, sin embargo, que en los últimos años nunca se han sobrepasado las tarifas concertadas y que el consumo medio de teléfono móvil de un diputado es similar al que existe en "cualquier empresa".

En el caso de la telefonía fija, incluido el ADSL, sí habrá una tarifa plana. Es decir, la empresa adjudicataria del servicio cobrará el mismo precio cada mes al Parlamento independientemente de los consumos. Además, los diputados conservarán el acceso gratuito a internet en sus domicilios del que "la mayoría", según la Cámara, ya venían disfrutando hasta ahora. Pero no solo los parlamentarios tendrán este privilegio, puesto que la operadora contratada deberá suministrar otras 25 conexiones a mayores para las casas de algunos de los altos funcionarios que trabajan en el Pazo do Hórreo. Fuentes de la Cámara autonómica justifican que estos accesos son necesarios para facilitar el "teletrabajo".

En cualquier caso, el Parlamento gallego ha rebajado en un 20 por ciento el precio de adjudicación del contrato de telefonía en relación al de 2007. El contrato con la operadora se hará por 480.000 euros. En telefonía fija, internet y suministro de equipos se ahorrará 93.000 euros y en el servicio de móviles 27.000 euros. A estas cantidades, sin embargo, habrá que sumar luego las facturas mensuales que cobre la compañía por el ADSL y las llamadas.

Entre las novedades que introducirá el nuevo contrato está la creación de una plataforma de sms, por la cual la empresa debe permitir enviar mensajes de móviles gratuitos, y deberá multiplicar por diez además la capacidad de navegación por internet.

La operadora que finalmente sea contratada debe también proponer mecanismos de control del gasto y ofrecer el listado de las llamadas realizadas desde cada línea, indicando el destino, la duración y el coste.

Al igual que el gallego, la mayoría de los parlamentos autonómicos de España no ha puesto límites al gasto de llamadas de sus diputados, pero también hay otros que ya han establecido restricciones en los consumos. Además de Valencia, que puso el techo en 140 euros, también Canarias limita el gasto con un máximo de 70 euros al mes y Murcia con un tope de 100 euros. Otras autonomías, como Baleares ni siquiera dotan de teléfono móvil a sus parlamentarios y en Navarra solo los miembros de la Mesa y los portavoces de los grupos disfrutan de este servicio.