Las restricciones económicas que sufren las arcas públicas obligan a la Xunta a extremar el control del dinero hasta en los comedores escolares. La Consellería de Educación ha ordenado a los directores de los colegios que prohíban el acceso al comedor a aquellos alumnos, que no disfrutan de beca y están obligados a pagar 3,05 euros por cada comida, cuando sus padres no abonen las correspondientes tarifas. La exclusión se efectuará "por mínima que sea la cantidad" que se adeuda y al margen de las "circunstancias económicas o personales" de la familia, tal y como se explica en la instrucción enviada a los centros.

Cada año se remite una circular sobre el funcionamiento de los comedores, que gestiona directamente del Gobierno gallego, en la que se recuerda que, como normal general, si un niño no abona la tarifa mensual, al mes siguiente no tendrá derecho a comer en el colegio. Sin embargo, de cara al próximo curso Educación ha pedido a los directores una mayor vigilancia sobre posibles impagos o "actuaciones fraudulentas" así como que sean estrictos a la hora de impedir el uso de este servicio por parte de aquellos niños que no pagan lo que les corresponde. "Ponemos énfasis en hacer un buen uso de los recursos públicos", argumentó ayer el departamento de Jesús Vázquez para justificar la instrucción remitida a los centros.

No todos los estudiantes tienen que pagar los 3,05 euros por comida. Algunos cuentan con una bonificación del 50 por ciento y solo pagan 1,52 euros y otros tienen derecho a asistir al comedor de forma gratuita. Las becas se conceden en función del nivel de renta y de si son familias numerosas. Los usuarios del transporte escolar están todos exentos de pagar las tarifas públicas que fija Educación y que se actualizarán en junio conforme al IPC. Al principio de curso se elabora una lista con todos aquellos niños que tienen derecho al comedor y se especifica cuales de ellos tienen que pagar por la comida y quienes podrán disfrutar gratis del servicio.

El problema, según reconocen algunos directores consultados por este periódico, es que con la crisis hay padres que se quedan en el paro a mitad de curso y con una situación económica muy difícil. Sin embargo, no pueden beneficiarse de la gratuidad porque cuando empezó el periodo académico sus finanzas eran más holgadas. Ante esos casos, algunos directores hacían hasta ahora la vista gorda y permitían al niño seguir disfrutando del comedor.

Pero Educación ha sido clara en la instrucción remitida a los responsables de los colegios. "Las direcciones de los centros deberán verificar que los usuarios acerquen el justificante de pago a la Administración. Quien no lo acerque no tendrá derecho a utilizar el servicio y la dirección del centro deberá prohibirles el acceso", explica.

Los padres deben efectuar el pago al banco en los cinco primeros días del mes y presentar el justificante en el colegio antes de diez días.

La instrucción remitida a los colegios explica a los directores que disponen de una herramienta informática que les permite comprobar el pago de las tasas a los bancos por parte de los padres. En todo caso, también se insta a los responsables de los centros a comprobar la documentación y los datos remitidos por las familias que disfrutan de beca de comedor. "Es preciso trasladarles la importancia que tienen estas verificaciones para garantizar la buena marcha del servicio y su viabilidad económica", explica la circular.

Si los padres no pagan una mensualidad los niños ya no podrán entrar al comedor al mes siguiente, aunque Educación no los borrará de la lista de usuarios hasta dos meses después. Si en ese plazo pagan lo que deben, sus hijos podrán volver a comer en el colegio.

Y en cuanto a los padres que arrastren alguna deuda de otros cursos, Educación les advierte que de cara al nuevo periodo académico no podrán usar los servicios de comedor a no ser que abonen lo que deben antes de que se publiquen los listados definitivos de comensales.

Esta circular hace referencia a los comedores que dependen directamente de la Xunta, pero ya durante este curso fueron los servicios que gestionan las Asociaciones de Padres de Alumnos (APAs) los que desataron la polémica debido a que el Gobierno gallego se retrasó hasta cuatro meses en ingresarles el dinero para su funcionamiento, controversia que alimentaron luego sindicatos y oposición al denunciar el cierre de comedores escolares en el rural.