El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, dijo hoy que traspasar a las comunidades la titularidad de los hospitales públicos no generará déficit y mejorará el balance patrimonial de la Seguridad Social que, recordó, debe al Estado 13.840 millones de euros en concepto de préstamos.

El lunes se aprobó en el Congreso el proyecto de ley de la reforma de las pensiones, en el que se incluyó una enmienda pactada entre el PSOE y CiU para que se transfiera a "todas" las comunidades que así lo soliciten la titularidad de los hospitales y los centros de salud, que ahora es de la Seguridad Social.

Según el secretario de Estado, desde el año 2000 la Seguridad Social, independientemente del partido que haya gobernado, ha pedido traspasar a las comunidades esos hospitales debido a que no los pueden gestionar porque la competencia la tienen las regiones.

"Somos caseros sin renta", ironizó Granado, tras explicar que su mantenimiento sólo les genera gastos.

Además, se da la circunstancia de que los consejeros de Sanidad han reclamado esa titularidad porque tienen transferida la competencia en la materia, precisó Granado.

Ahora la fórmula legal que se habilitará cuando la ley de reforma de las pensiones esté en el Boletín Oficial del Estado -se espera para finales de julio- es que la Seguridad Social permute su deuda con el Estado con el valor de esos "600 inmuebles" que pueden ser transferidos.

Según la Seguridad Social, esos 600 inmuebles que están repartidos "de forma desigual" por todo el Estado tienen un valor neto de construcción de 2.562 millones -que sale de descontar al valor inicial (3.215 millones) la amortización que han tenido (653.356 millones)- hasta el 31 de diciembre de 2010.

Sobre esa cifra de 2.562 millones el secretario de Estado indicó que si se tasara en la actualidad sería tres veces superior, lo que permitiría a la Seguridad Social quitarse de su balance la "losa" de los préstamos.

En cuanto a cómo se haría la permuta, Octavio Granado dijo que primero el Ministerio de Economía deberá decidir si los inmuebles se tasan de forma individual o global para cancelar los prestamos.

La Intervención General de la Seguridad Social prefiere que la tasación sea global y que los inmuebles se valoren al precio de esos préstamos por valor de 13.840 millones (de los que 9.633,2 millones están comprendidos entre los años 1994 y 1999; y 4.207 entre 1997 y 1998 para pagar las cuotas de asistencia sanitaria en las comunidades que habían asumido la competencia en sanidad).

Una vez pactado el precio, los inmuebles pasarán al Ministerio de Economía y Hacienda, que será al que las comunidades deberán solicitar su titularidad.

Con la permuta salen beneficiadas todas las administraciones, sostuvo Granado, quien y explicó que el Estado salda sus préstamos, la Seguridad Social sanea sus cuentas y deja de cubrir gastos de edificios que no gestiona.

Además, las comunidades pueden organizar los edificios sin pedir permisos para abrir "una puerta" y los ayuntamientos dejan de tener inmuebles vacíos en ruina (una docena por toda España).

Madrid es la comunidad en la que mayor valor neto (668,5 millones de euros) tiene los inmuebles que podría reclamar, seguida de Castilla y León (277 millones), Castilla-La Mancha (237,2 millones), Aragón (189,6 millones), Asturias (162,2 millones), Baleares (150 millones), Extremadura (148,4 millones) y Murcia (146,7 millones).

Por detrás se sitúan Cantabria (122 millones), Andalucía (96,5 millones), Comunidad valenciana (88,4 millones), Galicia (72 millones), Cataluña (54,6 millones), País Vasco (51 millones), Canarias (48,3 millones), La Rioja (42 millones) y Navarra (7,2 millones).