La morosidad se ha convertido en un problema para la Administración. Aunque el foco se centra estos días en la sanidad, proveedores de servicios y constructoras también alertan de los retrasos en el cobro de otras facturas públicas. Para evitar estas situaciones, la Xunta obligará a los concellos a demostrar que han pagado las obras financiadas con subvenciones en un máximo de sesenta días desde que reciban la ayuda pública para ese fin.

Ésta constituye la principal novedad del decreto para regular las subvenciones a las entidades locales que la Consellería de Presidencia ultima, después de simplificar el borrador de enero, y que confía en aprobar a lo largo del verano, si bien los plazos dependen del pronunciamiento del Consello Consultivo.

El texto pretende evitar los problemas de liquidez o el desvío de fondos a otras partidas, agilizando al máximo el pago a los proveedores en dos meses. "Es una cláusula de seguridad para que se garantice que el dinero abonado por la Xunta es destinado inmediatamente al pago de la subvención al tercero por los ayuntamientos", explican fuentes del departamento de Alfonso Rueda.

Los concellos no tendrán que acreditar, como ahora, el pago de la obra subvencionada, adelantando su coste, sino haberla ejecutado. Una vez recibida la ayuda pública, deberán abonarla al proveedor en el citado período. El decreto, sin embargo, no contempla sanciones para quienes incumplan los tiempos establecidos.

El borrador del decreto relaja las exigencias a los ayuntamientos para poder optar a las ayudas autonómicas, que el año pasado ascendieron a 244 millones de euros. La Xunta vetará el acceso a ellas a los que no rindan cuentas ante el Consello de Contas y creará un registro en el que anotará a los díscolos. Cada departamento del Gobierno gallego, a la hora de recibir las solicitudes de una subvención, comprobará si el solicitante está incluido en esta lista negra. Si es así, lo excluirá. Sin embargo, un artículo matiza este requisito presente en el anterior borrador. "Esta situación se mantiene hasta que no se acredite la remisión de las cuentas de los tres años inmediatamente anteriores al anterior a la convocatoria de la subvención y no genera, en ningún caso, derecho a compensación financiera", indica.

Presidencia también matiza el criterio para entender que un ayuntamiento ha presentado sus presupuestos a Contas: será suficiente haberlos sometido al pleno, aunque no hayan sido aprobados. De esta manera, la Xunta pretende evitar el boicot de la oposición a gobiernos en minoría, que impedirían la aprobación de las cuentas. Además, deberán seguir enviando sus presupuestos y liquidaciones anuales a la Consellería de Facenda.

Desde el inicio de la crisis los ayuntamientos han clamado por su asfixia financiera, agudizada por la asunción de competencias ajenas, tareas que absorben el 24% de su presupuesto, de acuerdo con el informe "Gasto no obligatorio de los municipios españoles", elaborado por la Diputación de Barcelona. En este contexto, muchos municipios gallegos renuncian a ayudas públicas porque no pueden aportar su parte de cofinanciación.

Para paliar esta situación, Presidencia permitirá adelantar hasta el 100% de una subvención y así garantizar la realización de la obra o la prestación del servicio.