Todo empezó en octubre de 2008 con la muerte de más de un millar de truchas en el Lengüelle, en el río de Cerceda (A Coruña) que rodea el vertedero de Areosa, el basurero de Sogama al que van a parar buena parte de los residuos generados por los gallegos. Pero la investigación sobre un presunto delito medioambiental, con cerca de una treintena de imputados, ha derivado en otro caso por tráfico de influencias. La nueva imputación afecta a José Luis Cabanelas, jefe de Danigal en Galicia –empresa que gestionaba el vertedero de la sociedad medioambiental en Areosa–; Ramón Pérez Mariño, ex jefe técnico de Sogama despedido en enero de 2009 tras denunciar las "irregularidades" en la gestión de la entidad semipública, y Ángel Javier Costal, que aún es responsable de transporte y transferencia de Sogama.
Tanto el jefe de Danigal como los dos cargos nombrados durante el anterior gobierno bipartito están siendo investigados por haber utilizado supuestamente su cargo para obtener beneficios personales a cambio de favores, algunos por parte de alcaldes y diputaciones provinciales, tal y como revela el sumario que fue levantado días después de las elecciones municipales del 22-M.
De los tres imputados por tráfico de influencias, Pérez Mariño ya había sido citado por el juez instructor del caso en la pieza por presunto delito ambiental. El proceso comenzó en el juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña hace ya más de dos años, cuando los ecologistas denunciaron la muerte de más de un millar de peces en el Lengüelle, uno de los afluentes del Tambre, río que abastece a la ciudad de Santiago y a su área metropolitana. Según la denuncia presentada a finales de 2008, entre otros por el PP, las truchas fallecieron debido a los vertidos "continuados" procedentes de Areosa, un depósito en el que la sociedad semipública Sogama acumula desde 1995 millones de toneladas de residuos que no pudo incinerar porque superaban la capacidad de la planta. Finalmente, la investigación de la Guardia Civil reveló graves deficiencias en impermeabilización y depuración de las montañas de basura que gestionaba entonces Danigal.
Fue una denuncia por parte de la ex mujer del jefe de transporte y transferencias de Sogama ante el fiscal de Medio Ambiente la que llevó a la apertura de un nuevo proceso por presunto tráfico de influencias. Según la denunciante, María José Iglesias, su ex marido se había enriquecido de manera ilícita a través de su cargo en la sociedad medioambiental dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. A raíz de esta denuncia, el juez ordenó la intervención del teléfono del denunciado, Ángel Javier Costal.
En estas escuchas telefónicas, que posteriormente se extendieron a Cabanelas y a Pérez Mariño, el jefe de transporte de residuos en Sogama sitúa al ex presidente de la entidad, José Álvarez –nombrado por el entonces conselleiro de Medio Ambiente y actual líder del PSdeG, Manuel Vázquez– como el promotor del despido del entonces jéfe técnico de Sogama. "A Pérez Mariño, lo finiquitaron porque no firmaba papeles", apunta Costal en una de las conversaciones intervenidas. Unas declaraciones en las que además acusa al ex presidente de Sogama, al que se refiere como Mangouras, en referencia al capitán del Prestige que llevó al petrolero a una catástrofe sin precedentes en las costas gallegas, de llevarse un "maletín" con la venta de Danigal.
Según se desprende de estas conversaciones, José Álvarez podría haber recibido dinero a cambio de hacer informes favorables sobre la empresa asturiana en el momento en que la compañía Tres-i se mostró interesada en su adquisición. "Le venden una moto sin motor", aludió Costal en referencia a las presuntas gestiones del presidente de Sogama para incrementar el valor de Danigal ante Tres-i.
Pero en esas conversaciones, Costal va más allá e incluso asegura que el entonces conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez conocía estas presuntas irregularidades en la dirección de Sogama. "Mangouras –asegura en referencia a José Álvarez– no hacía nada sin tener compañeros de viaje que lo acompañaran", apunta.
En el sumario, también aparecen conversaciones intervenidas al jefe de Danigal en Galicia, José Luis Cabanelas. Una de las que resultan más llamativas, aparte de las mantenidas con alcaldes para conseguir algún contrato de tratamiento de residuos, es la que mantiene con un guardia civil del Seprona, el alférez Carlos Bandín. Se da la circunstancia de que este agente era el encargado de la investigación del vertido al Lengüelle que provocó la muerte de miles de peces, lo que podría poner en duda la imparcialidad del proceso en la pieza medioambiental.
En esa conversación, de la que se deduce un trato muy personal entre ambos, José Luis Cabanelas le dice que tienen que buscar un día para quedar a comer, pero que de todas formas, le tiene que dejar un "juguete" –se sobreentiende que un regalo– en el "maletero de su coche".
