Las aclaraciones del Gobierno sobre el alcance de la deuda que se permitirá a Cataluña ha tranquilizado a la mayoría de las comunidades autónomas que el día anterior, incluso algunas gobernadas por el PSOE, se rebelaron por lo que interpretaron como un privilegio a la Generalitat catalana. Ayer, tanto el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como la ministra de Economía, Elena Salgado, se esforzaron en precisar que no hay discriminación positiva hacia Cataluña, que tampoco existe una "rectificación" del Ejecutivo y que "todas" las comunidades podrán realizar las mismas operaciones de endeudamiento.

La propia Xunta es una de ellas. Tras avanzar Salgado que el Gobierno gallego también había solicitado emitir más deuda, la Consellería de Facenda confirmó que ha remitido una petición para endeudarse por 419 millones de euros, que es el mismo valor de lo que este año debe pagar en concepto de amortizaciones por la deuda de años anteriores y que no se incluyen en los 700 millones de euros por los que puede endeudarse a lo largo de 2011 hasta alcanzar el 1,3% del PIB regional.

Lo que aclaró el Gobierno es que todas las comunidades que tengan que amortizar deuda este año pueden realizar nuevas emisiones por el importe de esos pagos o contraer nuevos préstamos con los bancos para alargar el plazo de vencimiento de los créditos. Y esta práctica es algo habitual para lo que basta simplemente con que la operación la autorice el Ministerio de Economía y no computa en el déficit final.

Pero esto no se precisó hasta ayer y las autonomías dieron por válidas las palabras del presidente de la Generalitat, Artur Mas, cuando tras reunirse con Zapatero anunció que Cataluña podría incrementar su nivel de endeudamiento. Inmediatamente surgió la alarma y las protestas del resto de autonomías porque eso supondría invalidar los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y romper el límite de déficit.

Fuentes del Ministerio de Economía admitieron ayer que el origen de la "confusión" y la rebelión autonómica estuvo precisamente en las palabras de Artur Mas, porque a lo único que se le autorizará es a "refinanciar" su deuda, de la misma forma que sucederá con Galicia, Valencia, Madrid y Andalucía, que solicitaron lo mismo, y este procedimiento fue aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Hay cierta confusión con alguna intención, porque es evidente que hay un régimen ya fijado y no hay nada nuevo ni antes de la entrevista con Artur Mas ni en las decisiones del Gobierno", declaró Zapatero en los pasillos del Congreso.

En la misma línea se expresó Elena Salgado, quien si bien admitió que no todos presidentes autonómicos tienen que conocer "expresamente" lo que se aprueba en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "algunos deberían hacerlo antes de hacer algunas declaraciones".

La confusión aún no se aclaró del todo, pero la tensión política se ha rebajado. Una de las dudas es la palabra "refinanciar" que el Gobierno utiliza. Para la Xunta, solo se debe emplear para referirse a la renegociación de las condiciones de un préstamo para alargar el plazo de devolución del mismo. Pero otra cosa es que se pueda emitir deuda nueva por el valor exacto de las amortizaciones que se deben acometer en un año. Y la Consellería de Facenda ha pedido autorización para endeudarse en 419 millones de euros, que es el importe de lo que tiene que pagar por los préstamos.

La Xunta entiende que es a esta fórmula a la que se refiere el Gobierno cuando habla de "refinanciar" deuda y que si así es no habría problema alguno, porque se da el mismo trato a todas las autonomías. Pero en cualquier caso demanda que el Ejecutivo central explique con exactitud su aplicación el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para tratar de rebajar los ánimos, la ministra de Economía remitió ayer una carta a todos los presidentes autonómicos en los que les asegura que "no se ha producido cambio alguno" en el procedimiento de autorización de endeudamiento y refinanciación establecido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que tampoco tiene intención de proponer modificación alguna.