El PPdeG se volvió ayer a aliar con el BNG en el Parlamento de Galicia, y con la oposición del PSdeG, para "reclamar al Gobierno del Estado la retirada" del nuevo plan para completar la reordenación del sistema financiero, y que obligará a las cajas, entre ellas Nocavaixagalicia, a cumplir nuevas exigencias de solvencia, bajo la amenaza de que si no cumplen recibirán una inyección de capital público vía FROB, pero a cambio de la intervención de la gestión por parte del Gobierno de España y de su conversión en bancos.
Mientras en Santiago, y a iniciativa de los populares, la Cámara autonómica reclamaba al Ejecutivo de Zapatero que "reconsidere el Plan de reforzamiento del sector financiero en lo que atañe a las cajas de ahorro", en Madrid el líder del PP, Mariano Rajoy, confirmaba ayer que está "hablando" con el actual inquilino de La Moncloa sobre la nueva reforma de las cajas, una reforma vía decreto que se preveía aprobar el próximo viernes en el Consejo de Ministros, aunque se podría posponer, precisamente por las negociaciones que el Gobierno mantiene con el PP, pero también con otros partidos, como CiU, que ha admitido contactos, o con la propia CECA (la patronal de las cajas).
El Gobierno negocia el decreto y ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, dejó claro en el Senado que no hay marcha atrás pese a las demandas gallegas. Precisamente en respuesta a una pregunta del senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza, sobre el futuro que depara a Novacaixa el plan de recapitalización de las cajas, Salgado defendió que tras una primera fase en que se pasó de 45 a 17 cajas porque la cifra inicial era "excesiva para el tamaño del mercado" y tras "estallar la burbuja inmobiliaria", ahora se impone "reforzar la solvencia", y auguró que "muchas cajas podrán seguir con la misma forma".
Bouza quería saber qué va a pasar con Novacaixagalicia, pero Salgado se negó a hablar de entidades concretas y se limitó a declarar: "Si hay una entidad que cumple (los nuevos mínimos de solvencia) podrá seguir con el camino marcado por sus directivos, pero si no cumple, necesitará una inyección de capital", para que, explicó, en una eventual y futura "situación de estrés, que puede darse" no queden al descubierto "la vulnerabilidad y la debilidad" de esas cajas.
Bouza acusó a Salgado de buscar "la desaparición y privatización de Novacaixa" y la vicepresidenta aseguró que hace un año también la acusó de no querer la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, pero finalmente se produjo, y con el visto bueno del Banco de España. La también ministra remarcó que las cajas "necesitan ganar solvencia, credibilidad y fortaleza para seguir desarrollando su tarea y obtener beneficios, por que sin beneficios no habrá obra social".
El Gobierno central quiere forzar la recapitalización de las cajas, elevando los mínimos de core capital hasta un 9 o 10% para las entidades que no salgan a buscar inversores privados o dependan en exceso (hasta un 20%) de los mercados mayoristas para captar financiación. El plan nace para frenar las dudas sobre la solvencia del sistema financiero español en el exterior, lo que perjudica seriamente a la recuperación de la economía española y encarece en demasía la deuda soberana.
Las intenciones del Ejecutivo central recibieron ayer el varapalo del Parlamento autonómico que con los votos de PP y BNG exige que dé marcha atrás y "mantenga el actual proceso de reestructuración de las cajas gallegas en base al amplio consenso alcanzado, y garantizando su solvencia". También le reclama que "retire las exigencias de capital y reservas adicionales a las aprobadas por el FROB y el Banco de España en el proceso de fusión de las cajas de ahorro".
El PSdeG votó en contra de estas dos exigencias, y la diputada María José Caride argumentó que el plan de Salgado obedece a que "las cajas necesitan capital porque se endeudaron demasiado" y explicó que la "desconfianza" sobre las cajas y "las dudas sobre su solvencia" afectan a todo el sistema financiero y a la economía española. "En un mercado global y cambiante, se puede ser proactivo como La Caixa o Caja Madrid o se puede actuar con pasividad como la Xunta y Novacaixagalicia", añadió.
El PSdeG sí respaldó otros dos puntos de la moción. Hubo unanimidad para "instar a la Xunta a supervisar " las inversiones o venta de participaciones de Novacaixa tal como se recoge en la Ley gallega de cajas, y para "expresar el compromiso inequívoco y mantener el modelo de cajas de ahorro con vocación social y vinculación territorial, y la defensa de las competencias estatutarias de Galicia".
La posición socialista fue criticada, especialmente por el diputado popular Pedro Puy, quien recordó que los puntos de la moción rechazados en el Parlamento por el PSdeG sí fueron respaldados en sendas mociones por los socialistas en los ayuntamientos de A Coruña y Lugo. Puy cuestionó que el Banco de España exigen a las cajas mayores ratios de solvencia que a las bancos. Y el diputado nacionalista Fernando Blanco denunció que el Gobierno de España cumple "un viejo deseo de la banca" al impulsar "la desaparición de las cajas para eliminar competencia".
