La Xunta paraliza cada mes doce obras en suelo rústico por carecer de licencia autonómica

La permisividad de los concellos a la hora de levantar una vivienda o una nave ha poblado Galicia de miles de edificaciones ilegales. Para acabar con la disciplina municipal del “vai facendo”, el Gobierno gallego creó la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependientes de la Consellería de Medio Ambiente. Su puesta en marcha por el bipartito en abril de 2008 se ha traducido en un refuerzo de las inspecciones que han multiplicado las sanciones en materia de urbanismo -un total de 82 por un importe de más de 10,5 millones de euros-, de los expedientes de reposición de legalidad urbanística -más de 300- y en concreto de las órdenes de derribo -72 ejecutadas-. Pero a pesar del refuerzo de las inspecciones de la APLU y de las restricciones impuestas por la Lei do Solo para construir en suelo rústico, promotores, particulares y concellos siguen construyendo edificaciones ilegales.

En los diez primeros meses de este año, la Consellería de Medio Ambiente paralizó un total de 119 obras construidas de forma ilegal en suelo rústico, lo que supone una media de doce al mes. La ley de ordenación urbanística aprobada hace ya ocho años exige que cualquier obra reciba el visto bueno previo por parte de la Administración autonómica, una medida que la Xunta justificó en su momento para introducir más garantías en el urbanismo gallego y homogeneizar los criterios en todos los municipios. En la práctica, la ley ha resultado demasiado restrictiva por lo que el Ejecutivo de Feijóo decidió el pasado verano impulsar una reforma de la normativa. La nueva Lei do Solo amplía las competencias urbanísticas de los ayuntamientos gallegos dándoles más margen de maniobra a la hora de decidir qué se puede o no hacer dentro de su término municipal.

Lei do Solo

Esta reforma permitirá a los concellos dar luz verde a obras menores en suelo rústico como naves o establos sin necesidad de autorización autonómica previa. Y a la hora de conceder licencias en suelo rústico para obras mayores -que requieren proyecto técnico completo- solo contará el plazo municipal de tres meses, eliminándose también el permiso del Gobierno autonómico, que suponía otros tres meses. Esta modificación fue cuestionada por los fiscales gallegos, que en declaraciones a este periódico advirtieron del peligro que supone dar más responsabilidad a los concellos en la planificación urbanística tanto por su falta de recursos como por la proximidad con los protagonistas de las infracciones.

En los más de dos años y medio que lleva operativa la APLU, la Xunta ha resuelto un total de 82 expedientes sancionadores por infracciones muy graves que acarrean multas de entre 600 y 6.000 euros e incluso el derribo de la edificación. En total, el importe de las sanciones en materia de urbanismo impuestas por el Ejecutivo autonómico ascienden a 10,5 millones de euros, cantidad que se reparte al 50% entre la Xunta y los concellos integrados en la APLU. En la actualidad, son 48 los ayuntamientos que han delegado sus competencias urbanísticas en la agencia -14 de la provincia de A Coruña, 8 de Lugo, 18 de Ourense y los 8 restantes de Pontevedra-.

Desde que Galicia asumió las competencias urbanísticas en los años ochenta hasta que la creación de la APLU, en la comunidad solo se ejecutó una demolición. En los últimos dos años y medio, la Xunta ejecutó el derribo de 72 edificaciones en 41 municipios y todavía tiene pendientes casi 300. Siete de cada diez de estas demoliciones se produjeron en municipios costeros. O Grove, A Guarda, Bueu o Oia son los concellos más conflictivos en materia urbanística según el número de edificaciones derribadas.