Hace treinta años –tal día como hoy, 21 de diciembre, pero de 1980–, para una mayoría considerable de los ciudadanos del Antiguo Reino de Galicia la autonomía era un concepto relativamente extraño, reducido a lo que ahora se llama clase política, y ni siquiera definido y orientado de forma semejante por quienes la integraban. Había habido ya dos elecciones tras la muerte del general Franco, y tanto en 1977 –de las que nacieron las Cortes constituyentes– como en 1979 los resultados fueron parecidos: el llamado centro democrático, la UCD, obtuvo sendas victorias, cerca de la mayoría absoluta las dos, pero sin incluir en su programa definiciones autonómicas rotundas. Eso pudo explicar siquiera en parte la lejanía ciudadana que se plasmó en el referéndum celebrado aquel 21-D. Con un censo de 2,1 millones de votantes acudieron a las urnas para aprobar el Estatuto un total de 614.000 y de ellos 450.000 dijeron "sí" y 121.000 rechazaron el texto.
Es cierto que el año anterior, en 1979, y tras la aprobación de la Constitución, la sociedad gallega había tenido tiempo, y oportunidad, para empaparse en el espíritu de la autonomía y de su Estatuto. Presentado desde el primer momento como heredero directo y necesario del aprobado por las Cortes republicanas en 1936 pero no nato a causa de la sublevación militar que inició la Guerra Civil, se enfocó por la izquierda, y por el centro regionalista –que entonces se proclamó galleguista– como una reivindicación con dos condiciones irrenunciables: habría de tener el mismo nivel que el catalán y el vasco y fundamentar su legitimidad, como aquellos, en el texto republicano.
Para el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez –y sobre todo para sus colaboradores procedentes del Movimiento Nacional, los llamados azules–, la hipótesis de una autonomía gallega similar a las de Cataluña y Euskadi era difícilmente aceptable por "arriesgada". Por eso la UCD planteó inicialmente un proyecto que no cumplía ninguno de los dos requisitos citados y que fue rechazado, de inmediato como un agravio, una aldraxe, por la mayor parte de las fuerzas políticas. Incluso por una parte de la Unión de Centro Democrático, el sector galleguista, que logró reconducir la situación y elaborar un Estatuto apoyado por casi todos, con la excepción de los nacionalistas de diferente origen.
El rechazo de aquella aldraxe llevó a la calle a decenas de miles de personas en manifestaciones nunca vistas hasta entonces, convocadas sobre todo por la izquierda estatal y autonomista, desde socialistas a comunistas, y pequeños partidos galleguistas de corte liberal o democristiano. No pocos observadores creen que aquellas movilizaciones potenciaron las opciones de oposición en las elecciones municipales de 1979, las primeras democráticas tras la muerte de Franco, y permitieron la llegada a grandes alcaldías como Vigo y A Coruña a militantes del PSOE –Manuel Soto– o de Unidade Galega –Domingo Merino–, por ejemplo. Allí los llevaron los pactos del Hostal –un recinto que forma parte de la historia de este país por las veces en que se firmaron allí compromisos auténticamente decisivos– con casi todos comprometidos a apartar a la Unión de Centro, la lista más votada, de cuantos puestos fuese aritméticamente posible. Una situación entonces muy parecida a la actual, pero con protagonistas parcialmente distintos. Ha de ser verdad eso de que la historia se repite.
Pero todo ello, en buena parte, era casi un juego entre políticos, una etapa en el camino de la recuperación democrática que tenía relativamente pocos transeúntes, aunque muchos espectadores. Lo que mucho más tarde, en tiempos del Prestige se iba a denominar ciudadanía, y que entonces era solo "la sociedad", seguía estando lejos: participaba en las elecciones, si bien –en clave musical– "ma non troppo". Los porcentajes de afluencia a las urnas eran sustancialmente inferiores a los de otras regiones de la aún desacostumbrada a votar vieja España, y Galicia empezó a verse en el exterior como una tierra de abstención.
La convocatoria del referéndum para respaldar el proyecto definitivo de Estatuto de Autonomía para un 21 de diciembre hizo prever que esa tendencia abstencionista podría resultar todavía más llamativa. El primer día del invierno no era, tanto para los especialistas políticos como para los meteorólogos, propicio para que las gentes se desplazasen en un país con carreteras del siglo anterior, pero los plazos apremiaban y los márgenes eran los que eran. Y eso, junto –y sobre todo, porque la lluvia no fue al final el elemento decisivo– a lo que queda expuesto acerca de la indiferencia por un concepto político ni demasiado conocido ni bien explicado, provocó que "pasara lo que pasó", como más tarde diría el jurista Iglesias Corral sobre otro episodio: una asistencia muy escasa, aunque entre los que acudieron a la llamada la gran mayoría se pronunció por el "sí".
Y no era extraño, conviene insistir, que ocurriese tal cosa. Como ilustración se pueden recordar algunas anécdotas que suponía lo autonómico –o mejor dicho, la "preautonomía"– apenas un año antes del referéndum. Su presidente carecía de coche oficial, y en uno de sus primeros actos representativos tuvo que ir en taxi a recibir en el aeropuerto de Lavacolla a los reyes de España, y llevarlos después a un edificio, el Pazo de Raxoi, en el que su gabinete disponía de locales prestados por el Concello de Santiago. En aquella pre-Xunta hasta los muebles eran cedidos o comprados a plazos: la mesa del presidente fue pagada con letras firmadas entre otros por José Rivas Fontán –después alcalde de Pontevedra– porque el propietario del comercio no sabía "qué era eso del Gobierno gallego".
Pero desde entonces las cosas fueron distintas. En tal día como hoy hace treinta años, se inició una etapa decisiva en la consolidación de Galicia como, en términos constitucionales, "nacionalidad histórica" y, según los más optimistas, como país. José Quiroga fue el presidente que lo condujo hasta unas elecciones al año siguiente, en 1981, que dieron paso al primer Parlamento gallego emanado de la soberanía popular y que eligió a Xerardo Fernández Albor como titular de la Xunta. Consolidaba la primera victoria de AP, el partido de Manuel Fraga, con la UCD ya en barrena –aunque aún obtuvo en Galicia el segundo puesto– tras el golpe frustrado del 23-F.
El resto vino por añadidura y marcó, de un modo u otro, la actualidad de este Antiguo Reino. Modernizada y democratizada por los gobiernos que se han sucedido en estos treinta años, y que han correspondido a todo su espectro político, y con una participación cada vez más alta, Galicia ha dejado atrás algunos de los tópicos negativos que la marcaban y pese a que aún tiene un largo trayecto para converger con Europa, hoy se parece poco a la del 21-D de 1980. Y se puede decir con razón que nunca tantos debieron tanto a tan pocos: quienes fueron a votar el Estatuto. Una gran deuda.
