Galicia tiene 10.600 empleados públicos más que en 2009 y representan ya el 23% de los asalariados

Con la suma de todas las administraciones. De los concellos, a las diputaciones, pasando por la Xunta, sus organismos y las universidades, sin olvidar la gestión autonómica del Gobierno central. ¿Cuántos trabajadores públicos hay actualmente en Galicia? Un colectivo en entredicho casi siempre, y especialmente ante las críticas de sobredimensionamiento que arreciaron con el estallido de la crisis, que disparó a casi el 15% la tasa de paro. Por primera vez la comunidad supera la barrera de los 200.000, tras un incremento hasta el cierre del tercer trimestre del año de un 5,5% en comparación con el volumen de efectivos contratados en 2009 y pese a que una de las claves que los propios políticos dan en el camino de la recuperación económica es la de racionalizar las plantillas. Tanto los funcionarios y empleados fijos, que acumulan el mayor alza –son el 90%–, como los temporales. Prácticamente una cuarta parte de todos los asalariados gallegos están al amparo del sector público, según el último balance del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Son, exactamente, 201.400, con una clara mayoría de mujeres, alrededor de 112.200, frente a los 89.200 hombres. En los registros históricos del INE no hay constancia de un volumen tan elevado de trabajadores en las administraciones en la comunidad. El personal público a finales del pasado ejercicio se quedaba en 198.800, lo que supone que en solo nueve meses el incremento asciende a 10.600, con 9.700 contratos de duración indefinida y el resto, en torno a 1.000, temporales. En el conjunto de las plantillas de los organismos públicos, la temporalidad afecta al 26% de los empleados.

Que el número de efectivos siga aumentando choca con la intención de la mayoría de administraciones de cerrar el grifo de la contratación para contener el gasto corriente y paliar el alto déficit que muchas de ellas arrastran y que la recesión agudizó por la caída constante en los ingresos. Pero es un mal común en casi todo el país, con las únicas excepciones de, paradójicamente, autonomías más pequeñas, salvo Cataluña, con un 3,2% menos. El restos de descensos están en Extremadura, con una caída del 3,4%; en La Rioja, donde supera el 16%; Murcia, con un 3,9%; y el ligero 0,3% experimentado en el sector público de Aragón. El resto acumulan incrementos, con un alza media en el conjunto del Estado del 3,6%, hasta los 3,175 millones de empleados a la orden de los diferentes ejecutivos. La proporción en el mercado laboral supera el 20% de todos los ocupados.

¿Dónde se dan los mayores aumentos? En cifras redondas, Galicia ocupa el cuarto lugar tras Andalucía, que sumó en tres trimestres más de 110.000 nuevos empleados públicos; Madrid, cuna de la Administración central, con 37.300; y País Vasco; con 16.100. Según el tamaño que tenían ya sus plantillas, las alzas más llamativas son las de Baleares, que disparó la contratación un 13,8%, con 8.900 nuevos efectivos; un 12,3% en el caso del País Vasco; un 7,9% en la capital del país; y un 6,6% en Cantabria, 2.800 en números absolutos. A continuación se situaría Galicia, con el 5,5%.

La variación en el resto de regiones llega al 5% en Castilla y León; un 3,4% más en la Comunidad Valenciana; un 0,2% en Castilla-La Mancha; del 3,6% también de incremento en Canarias; un 5,4% en Asturias; y un 4,2% en Navarra.

Con el panorama de este año, los trabajadores públicos representan en algunos territorios un volumen muy destacado de todos los asalariados. Sobre todo en Extremadura, casi un 33%. Alrededor del 25% están Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y cerca de la cuarta parte de los trabajadores están, además de Galicia (22,9%), Aragón y Asturias (22,2%), y Cantabria (22,8%). Todo lo contrario que en Cataluña, donde el número de efectivos públicos supone menos del 15% de los asalariados; en La Rioja son el 15,6%; el 16,9% en Comunidad Valenciana; y un poco por encima del 17% están Baleares y Navarra.

En función de la población a la que tienen que atender, la región valenciana y Cataluña están a la cabeza, y a distancia, con 19 habitantes por cada trabajador, más de cuatro puntos arriba de la media nacional. Cerca está La Rioja, donde por cada funcionario o contratado público eventual hay 18,5 residentes. La proporción asciende a 16 en Murcia y Navarra, y ronda los 15 –en el conjunto del Estado está en los 14,8– en País Vasco, Canarias, Asturias y Baleares. En Galicia se queda en los 13,9.

Los datos del INE, a partir de la Encuesta de Población Activa, no desglosan la administración a la que pertenecen cada uno de los trabajadores. El que sí lo hace es el cómputo del Ministerio de Política Territorial, pero con la diferencia de que su actualización va más retrasada y no contabiliza los contratos temporales. De los 159.000 funcionarios y fijos con los que se cerró 2009, casi 31.000 pertenecían a los servicios periféricos la Administración central en Galicia, sobre todo los ministerios, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas; otros 91.200 del Ejecutivo gallego; 33.160 de entidades locales, con concellos y diputaciones, sobre todo; y más de 3.800 estaban vinculados a las tres universidades.