Detrás del centenar de concellos que no cumplieron con la última fiscalización del Consello de Contas, o lo hicieron tarde y con defectos, hay justificaciones de todo tipo que, según la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), deberían tenerse muy en cuenta en las nuevas reglas de juego que la Xunta quiere imponer para el reparto de su inyección a las arcas locales. Presidencia ultima un decreto que dejaría fuera de las subvenciones, unos 244 millones de euros en 2011, a los ayuntamientos que no tengan al día la transparencia contable. "Si se generaliza, pueden cometerse muchas injusticias", advierte Carlos Fernández, presidente del organismo que reúne a los consistorios de la comunidad. "Partimos de la idea fundamental y lógica de que es obligatorio y oportuno rendir cuentas –continúa–. Pero es que casi nadie pregunta a los afectados por qué no han podido hacerlo, por qué se retrasan y si necesitan ayuda". Por eso la Fegamp aspira a matizar la normativa cuando llegue a sus manos. "Que quede claro que los alcaldes no son objetores fiscales", asegura Fernández.

Los concellos reclaman que, antes de tomar ninguna decisión, el Ejecutivo autonómico analice qué está pasando con la presentación de las liquidaciones ante el Consello de Contas y luego coordine "medidas coercitivas con ayudas". "De lo contrario, se generará una espiral de complicaciones", señala Hernández, que recuerda que muchos ayuntamientos, sobre todo pequeños, "apenas logran sacar adelante el trabajo diario", y que los primeros responsables en los plazos son los interventores. "Es muy fácil sacar pecho de ejemplaridad cuando se trata de ayuntamientos, pero hay organismos autonómicos que no rinden cuentas –se queja el máximo responsable de la Fegamp–. Así que la norma que sea para todos".

"Lo raro es que no sea el 100% de los concellos los que rindan cuentas porque, entre otras cosas, permite subsanar posibles errores, pero es cierto también que cada uno es un mundo y a veces cuesta aprobar los presupuestos y eso lo retrasa todo", explica Raúl Emilio Castro, regidor de As Neves. Una reflexión que se repite entre otros muchos alcaldes. "Somos los primeros interesados en presentarlas", defiende Luciano Sobral, de Poio. "De lo que se trata simplemente es de hacer cumplir la ley", añade Xosé Manuel Millán, alcalde de Moaña.

Y en esa misma línea, que la cita con Contas es, sencillamente, obligatoria al margen de la petición de subvenciones, habla el regidor de Nigrán. "Sí, evidentemente, pero, ¿por qué la Xunta pide una ortodoxia de la que luego se queja cuando se trata de la devolución en su caso de los anticipos que debe al Estado? La misma flexibilidad que le pide al Gobierno central, que me parece razonable, la debería aplicar ella ante la situación extrema que vivimos", reivindica Efrén Juanes.

Más allá va Clara Millán, regidora de Cangas. "Es una amenaza que lo que pretende esconder es el tremendo recorte en los fondos de la Xunta para los concellos –critica–. Y conmigo se van a encontrar de frente". La alcaldesa recuerda que en su caso tuvieron que aprobar las cuentas de tres años –2005, 2006 y 2007– hace un mes y de una sola atacada, "porque el anterior gobierno del PP no fue capaz". "No es evidentemente nuestra responsabilidad y esto ahora suena a chantaje. Lo único que van a conseguir es que hasta los alcaldes de su partido se enfrenten a ellos", indica. ¿Qué ocurriría en su caso con el veto a las subvenciones? "Cerrar las puertas", avisa.