El empeño por profesionalizar las cajas de ahorros y desvincular su gestión de la injerencia de los partidos –un discurso del que se dicen abanderados PSOE y PP– sigue encontrando enormes resistencias. El grupo que en menos de un mes constituirán Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades, bajo la presidencia del político Rodrigo Rato, y que se convertirá en el tercer grupo financiero del país (sólo por detrás de Santander y BBVA), acaba de aprobar la composición de su consejo de administración con una aplastante hegemonía de políticos (13 de sus 22 vocales), mayoritariamente vinculados al Partido Popular.

En el otro extremo, la fusión virtual que lidera Cajastur con CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria, y que dará pie al quinto grupo financiero más importante español por volumen de activos, bajo la dirección ejecutiva de Manuel Menéndez, pretende ser ejemplo de todo lo contrario, con un consejo estrictamente técnico e integrado por directivos y responsables de las cajas con experiencia financiera, económica y empresarial y sin identificación partidista.

La reforma de la ley de cajas aprobada en julio por el Gobierno aspira a desbloquear aquellos estrangulamientos que la experiencia venía delatando en el modelo español de cajas para acceder a los mejores ratings o calificación crediticia, solventar las reticencias que su atipicidad inspira en los mercados internacionales y dotar a las entidades de nuevas vías potenciales para reforzar sus recursos propios.

En plena crisis económica y financiera el sector de cajas, con una fuerte atomización y un exceso de red, afrontó un proceso acelerado de fusiones para ganar tamaño, reducir costes por la vía de la supresión de redundancias y obtención de sinergias y fortalecer su balance.

Este movimiento, impulsado por el Gobierno y el Banco de España y concebido como una de las reformas estructurales claves de la economía española, se vio acompañado de dos medidas de alcance: la creación de un fondo de reordenación (FROB) para aportar a las cajas que se fusionen préstamos hasta 99.000 millones, y la aprobación de una reforma de la ley de cajas (LORCA) que introduce dos novedades.

Una es posibilitar a las cajas diversos modelos por los que transitar: desde perpetuarse como cajas hasta convertirse en bancos, entre otras opciones intermedias, y, tanto en unos casos como en otros, posibilitarles varias vías de captación de recursos propios, incluida la entrada de capital privado y con derecho de voto, y esto tanto si las entidades optan por seguir siendo cajas como si transfieren su negocio a un banco.

Tres años de plazo

La otra gran remodelación legal trata de quebrar la tendencia a que los órganos gestores de las cajas estén ocupados por políticos profesionales, diputados, alcaldes y ediles, en muchos casos sin experiencia financiera o gestora ni formación económica.

La nueva norma da un plazo de tres años (2013) para que de esos órganos desaparezcan los altos cargos públicos y políticos electos. Además, la participación máxima de las autonomías y ayuntamientos en el consejo de administración, comisión de control y asamblea general deberá bajar del 50% al 40%. Los gobiernos regionales que no lo hubieran hecho ya deberán ceder a los parlamentos la designación de los representantes de la comunidad. Y al menos el 50% de los consejeros deberán tener experiencia y cualificación en el ámbito económico.

El objetivo de estas medidas es profesionalizar al máximo las entidades, pero también combatir las suspicacias que una elevada presencia de políticos en ejercicio al frente de entidades financieras suscita en aquellos mercados internacionales a los que las cajas deben apelar para captar financiación.

Desde que se puso en marcha la reforma las resistencias a la despolitización de las cajas ha sido enorme. Bien es cierto que no en todas cajas y regiones por igual.

El mismo nombramiento de un político, Rodrigo Rato, como presidente de Caja Madrid se produjo tras una enconadísima y titánica lucha entre dos facciones del PP madrileño que acabó implicando a la dirección nacional. El Gobierno de Castilla y León también trató de forzar a Caja Burgos para que se uniese a Caja Duero y Caja España, y se opuso a que se uniese –como al final hizo– al proyecto Banca Cívica. También presionó para dificultar el acercamiento de Caja Segovia y Caja Ávila al grupo de Caja Madrid y sus socios.

En Cataluña tres de las cuatro fusiones (salvo la de Caixa Laietana) se han hecho entre entidades de la misma comunidad, evidenciando que éste ha sido el objetivo más apetecido por las estructuras políticas autonómicas en el proceso de reordenación del sector. Y ello porque las fusiones entre cajas de distintas regiones diluyen el control institucional de ámbito territorial sobre las entidades resultantes.

La sorpresa mayúscula ha sido que el grupo liderado por Caja Madrid nace con un consejo plagado de políticos de carrera y de oficio, aunque no incurran en la incompatibilidad de ser altos cargos o políticos electos. En el sector financiero se cree que la decisión de Caja Madrid cumple la letra de la ley, pero ya no está tan claro que acate su espíritu.

En el consejo del futuro banco estarán, en representación de Caja Madrid, Rodrigo Rato (PP) y José Manuel Fernández Norniella (PP), Virgilio Zapatero (PSOE), José Antonio Moral Santín (IU), Pedro Bedia Pérez (CCOO), Jorge Gómez, (PSOE), Mercedes de la Merced (PP), Ricardo Romero de Tejada (PP) y Mercedes Rojo (PP). También los habrá en representación de las otras cajas participantes, como José Luis Olivas, presidente de Bancaja y ex presidente de la Comunidad Valenciana por el PP. En total, 13 de los 22 consejeros tienen perfil político. Además, quien va a ser el tercer banquero de España, Rodrigo Rato, sigue participando en actos de partido y en mítines, como ocurrió recientemente en Cataluña.

Todo ello refleja el fuerte dilema de gobierno y propiedad en que se hayan sumidas las cajas. Fundadas en muchos casos por instituciones públicas, éstas, como los demás grupos de representación, tienen el derecho y la obligación de fiscalizar la gestión de las cajas, porque si no serían entidades sin dueño, gestionadas por ejecutivos que no responden ante nadie, salvo una vez al año ante sus asambleas. No se trata de criminalizar lo público, y más cuando casi todos los grandes desastres financieros (el de 2008 en EEUU, sin ir más lejos) han surgido de instituciones privadas (bancos), pero la cuestión es si la tutela pública de entidades fundacionales como las cajas puede convertir a estas instituciones financieras en terminales políticas de los partidos.

En Asturias PSOE e IU inauguraron un camino alternativo: las instituciones públicas no renuncian a estar en el consejo de Cajastur, pero delegan esa misión no en políticos, sino en economistas y catedráticos de prestigio, que rinden cuentas a los grupos que los proponen.

Ahora PP y PSOE acaban de comprometerse a excluir a cargos públicos en la nueva la ley de cajas asturiana, como exige la norma estatal, pero el asunto está en que el consejo de una caja no derive en el lugar de retiro de políticos cesantes, salvo cuando concurran cualidades y conocimientos que justifiquen su idoneidad. En el caso del futuro banco participado por Cajastur y sus socios (CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria) se conoce ya la identidad de 8 de los 14 miembros de su consejo, y ninguno tiene perfil político.