En la Consellería de Economía e Industria son muy conscientes de que la inmediata resolución del macroconcurso eólico será revisada con lupa por los partidos de la oposición, que en la etapa del bipartito impulsaron su propio reparto, y, evidentemente, por el sector, que recuerda las muchas críticas que los populares lanzaron contra el proceso anterior y la defensa que hacen ahora de la transparencia. Lo cierto es que no hay tarta para todos. Aunque la demanda es mucho menor que en la puja de la pasada legislatura, los 2.325 megavatios (MW) disponibles se quedan muy por debajo de las aspiraciones del casi centenar de concursantes que se presentan con alrededor de 520 peticiones de parques que suman más de 15.000 MW. Por eso en las últimas semanas algunos grandes aspirantes se han autopromocionado todo lo que han podido. La mayor licitación pública en la historia de Galicia está en juego y el negocio del viento, pese a toda la incertidumbre regulatoria y de primas, sigue siendo muy apetecible.
La propia orden que regula el concurso abre la puerta a superar los 350 MW de máximo a una misma empresa en caso de que el plan industrial que acompañe a su oferta sea de "especial transcendencia", pero la Xunta ya ha dicho que es prácticamente imposible que se dé esa excepcionalidad. Así que una de las incógnitas está en cuánta potencia llega a cada ganador y qué pasará con las pretensiones de las multinacionales del sector y las alianzas creadas para entar en reparto que aspiran a hacerse con mucho más que eso.
Quizás el mejor ejemplo sea Unión Fenosa, integrada en Gas Natural, que en la subasta del bipartito se hizo con apenas 12 MW y ahora opta a 1.272. Más curiosidad despierta todavía el resultado de Iberdrola, la referente en renovables en España, que quiere 460 MW –aunque reconoce que con los 350 se daría por satisfecha– después de quedarse sin un solo megavatio en la legislatura pasada y, más recientemente, fuera del concurso eólico catalán. Por encima del límite al reparto por compañía están también Acciona, San José, la noruega Element Power, la italiana Enel, la unión del Grupo Puentes con Engasa, la del Banco Pastor con la alemana E.ON, Copasa, la filial eólica de Caixanova, la viguesa Globwind, EDP e Isolux Corsán junto con la gallega Cinur.
"Si las empresas no ejecutan sus planes industriales no van a tener licencia para sus parques", advierte el conselleiro, que da por "blindado" el freno a la especulación. Si un concursante tiene menos de lo que esperaba, o renuncia, o lleva a cabo igual su plan industrial o lo monetariza y entrega la cantidad proporcional a la potencia conseguida a Sodiga, el fondo de capital riesgo de la Xunta.
En Economía defienden una y otra vez que el baremo de puntuación está muy claro en la orden del concurso, pero en el sector no lo ven de la misma manera y muchos promotores advierten de la "picaresca" de prometer grandes planes, incluso a sabiendas de que no se van a realizar y con un calendario "irreal", para luego monetarizarlos. Y de nuevo, como ocurrió en el concurso que gestionó entonces del Bloque, las dudas sobre si en los proyectos se podrán colar inversiones que las empresas ya tenían al margen del reparto eólico. "Lo que puntúa es una inversión nueva en bienes tangibles", señala Javier Guerra. Pero, si estaban anunciados, incluso si cuentan con parte de la tramitación hecha, ¿contarán igual? "En algún momento hay que hacer un corte –añade–. Nosotros no podemos estar en la cabeza si usted había soñado con una inversión o tenía la intención de hacerla. Una inversión nueva en activos fijos". No es para menos. Los planes industriales suponen más de la mitad de la puntuación posible.
