La Xunta ha introducido, a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos, una reforma de la función pública para favorecer la movilidad voluntaria de los funcionarios y poder destinarlos a los departamentos donde exista una mayor carga de trabajo. Pero todavía no tiene calculado el número de trabajadores que sería necesario desplazar para atender las áreas con más necesidades.
¿Cuándo se realizará esta evaluación? Pues a partir del mes de febrero, cuando todos los funcionarios de la Xunta tomen posesión definitiva de sus plazas. Hasta entonces, cualquier cálculo resultaría precipitado. Pero a partir de ahí, el Gobierno gallego podrá determinar con exactitud dónde están las carencias de personal y dónde "sobran" y cuántos trabajadores habría que cambiar de ubicación para garantizar una carga de trabajo equilibrada.
Para corregir este desfase se está reformando la Lei de Función Pública, aunque con un sustancial cambio, debido a la presión de los sindicatos, con respeto al formato original. Al principio la Xunta quería forzar el traslado de los funcionarios, pero finalmente se optó por la fórmula voluntaria y por un periodo máximo de seis meses. Agotado el plazo, el funcionario volvería su plaza originaria.
