Obras levantadas sin licencia, construcciones en suelo rústico o en zonas no edificables de la costa. Particulares, promotores e incluso ayuntamientos están en el punto de mira del Gobierno gallego por infracciones urbanísticas que acarrean multas de hasta un millón de euros e incluso el derribo de las edificaciones ilegales construidas, en muchos casos, bajo el amparo de la Administración local. Desde la puesta en funcionamiento en abril de 2008 de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la lucha contra el feísmo y el desorden urbanístico se ha convertido también en una cuestión económica.

En dos años y medio la APLU, entidad a la que 46 pequeños concellos gallegos –8 de la provincia de Pontevedra, 17 de Ourense, 14 de A Coruña y 7 de Lugo– han cedido competencias urbanísticas en materia sancionadora, ha impuesto un total de 82 sanciones por un importe de más de 10,5 millones. Unos ingresos por las irregularidades urbanísticas detectadas en tan sólo el 14% de los municipios de la comunidad adheridos a la APLU que suponen una media de 300.000 euros al mes. Una cantidad que se reparte al 50% entre la Xunta y los ayuntamientos integrados en la agencia, ya que es el Ejecutivo autonómico el que se encarga del complejo y farragoso papeleo que supone la tramitación de las sanciones y que a la mayoría de los municipios gallegos les resulta imposible abordar por la falta de personal técnico.

Estas sanciones van desde los 300 euros por obras sin licencia pero construidas conforme al ordenamiento urbanístico hasta el millón de euros que prevé la Lei do Solo para las infracciones muy graves o reiteradas. Las más habituales afectan a actuaciones que se ejecutan sin contar con los correspondientes permisos, las obras en suelo rústico o infracciones en la costa. Más de la mitad de los 10,5 millones recaudados en multas urbanísticas por Xunta y concellos proceden de sanciones dictadas en 2009, año que la APLU quintuplicó sus ingresos por multas urbanísticas –casi 6,9 millones frente al 1,4 del primer año de funcionamiento de la agencia–. En lo que va de año, los 25 expedientes sancionadores resueltos superan los 2,5 millones de euros.

Las sanciones más cuantiosas afectan a las provincias de Pontevedra y Lugo, donde en los dos últimos años propietarios, constructores o concellos tuvieron que desembolsar seis millones de euros por 36 infracciones urbanísticas –3,37 millones en el primer caso y 2,68 en el segundo–. El importe de las 18 multas interpuestas en 2009 y los primeros nueve meses de 2010 por el desorden urbanístico en los municipios de A Coruña asciende a 1,8 millones y en Ourense, a 1,3.

Desde abril de 2008, los inspectores de la APLU encargados de erradicar el vai facendo de la disciplina municipal levantaron un total de 1.660 actas de inspección, la mitad en lo que va de año. Aunque la mayoría de los expedientes informativos abiertos acaban siendo archivados sin hallar indicios de ilegalidad, los inspectores dictaron un total de 200 órdenes de paralización de obras sin autorización de la Xunta (108 en 2009 y 92 entre enero y septiembre de este año). Las provincias de A Coruña y Pontevedra concentran más de la mitad de los expedientes con orden de suspensión de obras: 75 en el caso de Pontevedra (37,5% del total) y 52 en A Coruña (26%).

La amenaza de la excavadora ya se hizo efectiva en 41 municipios, en los que fueron derribadas un total de 65 edificaciones ilegales en dos años y medio. Siete de cada diez, en municipios costeros.

Naves, restaurantes, viviendas, urbanizaciones fueron echadas abajo tras décadas de vista gorda por para de la Administración. El balance desde 2008 puede parecer pequeño pero supone un paso de gigante si se compara con las demoliciones ejecutadas durante los últimos años. Antes de la creación de la APLU por parte del Bipartito, y tras casi tres décadas con las competencias de urbanismo transferidas, el Gobierno gallego sólo consiguió completar con éxito la demolición de una vivienda. Fue a partir de 2008 cuando la Xunta dio un impulso a los derribos de obras ilegales con la puesta en marcha de la agencia urbanística: cinco obras ilegales demolidas en 2008, 37 en 2009 y las 23 restantes en lo que va de año. La provincia de Pontevedra concentró la mayoría de los derribos ejecutados, que afectaron a un total de 19 localidades. Ourense fue la que menos demoliciones tuvo que afrontar –Lobios, Nogueira de Ramuín, Castro Caldelas, San Cribrao y Vilamarín–. En Lugo se vieron afectados los municipios de Foz, Guntín, Castroverde, Lugo, Palas y Sarria. Finalmente, en A Coruña se produjeron en 11 concellos, entre ellos Arteixo y Carballo. Sólo en las localidades pontevedresas de A Guarda y O Grove se dictaron nueve órdenes de derribo, cinco y cuatro, respectivamente. Las última demoliciones se produjeron en Palas de Rei (vivienda en suelo rústico de protección forestal este mismo mes), Sanxenxo (también una vivienda en zona de servidumbre de protección del dominio público terrestre hace un mes) y en Carballo (una casa unifamiliar en suelo de protección de espacios naturales en la laguna de Baldaio el pasado mes de agosto).

En los próximos meses, las piquetas tumbarán otras diez edificaciones ilegales en la comunidad: seis en la provincia de Pontevedra, tres en A Coruña y una en Lugo.

Pero la lista de obras pendientes de demolición se acumula en los despachos de la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística. En la actualidad tiene en trámite casi 300 expedientes de derribos –siete de cada diez en las provincias de Pontevedra y A Coruña–.