A partir del 1 de enero, la aplicación de la Ley de Dependencia en Galicia se complicará un poco más. El Gobierno central hizo oídos sordos a la demanda de la Xunta para aplazar el pago a los dependientes moderados, previsto para el inicio de 2011, y ahora ésta reconoce que no podrá cumplir los plazos previstos.

La Consellería de Traballo e Benestar advierte de que no podrá dar una prestación a los 5.000 dependientes de Grado I Nivel 2 que desde enero tendrán derecho a ella. Se unirán a los 14.000 dependientes graves que se encuentran en lista de espera, a pesar de que ya deberían estar recibiendo una ayuda por parte de la Administración.

El departamento de Beatriz Mato acusa a la nueva ministra de Sanidad, Leire Pajín, de negarle fondos para la nueva bolsa de dependientes que deberá atender a partir de enero y recuerda que debería aportar el 50% de los fondos. Dispondrá el año que viene de 360 millones de euros, 240 menos de lo que necesitaría la Xunta para poder acabar con la lista de espera. "Necesitamos 600 millones para atender a los 19.000 dependientes que tendremos pendientes en enero", indican fuentes de Benestar.

Explican que mientras la Xunta destina 250 millones, un 3% más en medio del recorte del 10,8% de los presupuestos autonómicos, el Estado apenas aporta 96 millones. Se trata del 28% de todos los fondos para dependencia, casi la mitad de lo que debería aportar.

En este contexto, Benestar admite que "la aplicación de la ley va a seguir a un ritmo más lento que hasta ahora" y advierte de que priorizará la atención a los 14.000 dependientes que ahora mismo están en lista de espera frente a los 5.000 que se incorporarán a esa bolsa en enero.

Gobierno y comunidades pactaron el jueves limitar las prestaciones económicas a los dependientes moderados para fomentar la prestación de servicios, primando los de "promoción de la autonomía de carácter profesional". Se trata fundamentalmente de servicios de teleasistencia, atención temprana o plazas en centros de día, aunque no a tiempo completo.

La reunión con la ministra de Sanidad para pactar el catálogo de servicios que se les prestará a los dependientes moderados no excluye del todo las remuneraciones económicas, aunque sí las restringe. Argumentan que su nivel de autonomía es más elevado que en el caso de los dependientes severos y no necesitan cuidados las 24 horas

El catálogo, apoyado por la Xunta pese a las quejas acerca de la actitud del Ejecutivo de Zapatero, establece que los dependientes de Grado 1 Nivel 2 podrán recibir una ayuda económica de hasta 180 euros para los cuidados familiares y de 300 por prestación vinculada al servicio.

Solo podrán acceder al pago en metálico aquellos dependientes que estuviesen siendo atendidos por algún familiar antes de haber solicitado la ayuda al Gobierno y no pudiesen acceder a un servicio similar por falta de oferta pública.

Cuatro años después de que el Gobierno de Zapatero aprobase la Ley de Dependencia, su calendario se aplicación se mantiene inalterable pese a la crisis económica y los recortes en las cuentas tanto estatales como autonómicas.

En estos momentos, Benestar atiende a más de 37.000 gallegos con dependencias severas –Grado III y II–, pero reconoce que aumentar esa cifra resultará muy difícil en este contexto económico, especialmente con la "insuficiente" aportación estatal, indican fuentes del departamento de Beatriz Mato.