La Consellería de Facenda estudia retirar del proyecto de Ley de Presupuestos de 2011 el traslado forzoso de funcionarios desde áreas con menos cargas de trabajo a departamentos donde falta personal por un tiempo de nueve meses. Buscando el apoyo sindical y a la vista de la oposición frontal de todos los representantes de los trabajadores a esta novedad, el departamento de Marta Fernández Currás baraja la posibilidad de probar primero la movilidad voluntaria de empleados públicos, y si ésta fracasa por no haber trabajadores dispuestos a moverse entonces retomaría su plan inicial de regular por ley el traslado forzoso. Sería en una posterior reforma de la Lei de Función Pública, prevista para adaptarse al Estatuto Público del Empleado, una norma estatal, confirman a este diario fuentes próximas a la Xunta.

El sindicato CSIF asevera que esta opción surgió en la reunión del viernes con la titular de Facenda, Marta Fernández Currás, y confían que al final la Xunta reconsiderá su decisión inicial y no impondrá el traspaso forzoso. "CSIF no va a pasar por otra cosa que no sea la retirada de este punto de la ley", advierte y anuncia protestas si el Gobierno de Feijóo no muda de posición. Los demás sindicatos también son beligerantes con la movilidad obligatoria de empleados.

Los responsables de la Consellería de Facenda se reúnen hoy con los sindicatos para abordar la congelación salarial de los trabajadores públicos para el próximo año, pero también estarán encima de la mesa los cambios que a través de la ley de presupuestos la Xunta quiere introducir en la Función Pública. El traslado forzoso ha sido la novedad que más polémica ha suscitado, pero no la única. El Gobierno de Feijóo pretende que los jefes de servicio sean elegidos a dedo entre los funcionarios de máximo nivel, y no a través de un concurso de méritos, como reguló el bipartito, aunque nunca convocó tal concurso, y de hecho sus jefes de servicio eran la mayoría los de la época de Manuel Fraga, y ahora Feijóo, que tampoco puso en marcha un concurso de mérito, mantiene en un 90%, según cifras sindicales, los jefes de servicio del bipartito.

Otra de las polémicas suscitada por la reforma que prepara Facenda afecta a los asesores. El borrador de la ley que la Xunta pasó a los sindicatos excluía a los asesores de la clasificación de altos cargos y en conclusión se flexibilizaba su régimen de incompatibilidades. El Gobierno autonómico ya mudó de opinión. Alegó que su objetivo era que los funcionarios que fuesen nombrados asesores no tuvieran luego derecho al plus de altos cargos, y anunció que cambiará la redacción para que los asesores sigan sujetos a las mismas incompatibilidades que los altos cargos, pero sin la consolidación de este complemento salarial.