La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, tomó ayer las riendas de la negociación y se reunió, por separado, con los representantes de CIG, UGT, Comisiones y CSIF para abordar la reforma de la Lei de Función Pública que pretende tramitar al mismo tiempo que las cuentas de 2011, y que ha sido recibida con un fuerte rechazo por los sindicatos y también por la oposición. Hasta ahora, el diálogo con los representantes de los trabajadores era responsabilidad del director xeral de Función Pública, José María Barreiro.

El encuentro tenía el objetivo de limar asperezas y sirvió, según los sindicatos, para que Currás dejase claro que el punto que acepta negociar es el traslado forzoso de los funcionarios, una medida para mover empleados desde departamentos con menos carga de trabajo a otros saturados, y así no tener que hacer nuevas contrataciones.

El director xeral de Función Pública, José María Barreiro, declaró ayer que "alguna modificación habrá" en la propuesta de reforma que entregaron el lunes a los sindicatos y que pretenden pactar el lunes próximo. De hecho, ya hay un cambio: Los asesores seguirán siendo altos cargos y por tanto sujetos a incompatibilidades mayores que las de un simple funcionario, pero se les quitará el derecho a cobrar el plus de alto cargo. El borrador inicial también les eximiía de las incompatibilidades de los altos cargos.

Aunque Barreiro dejó la puerta abierta a la negociación, los sindicatos coincidieron en señalar que Facenda sólo acepta negociar sobre el traslado de funcionarios, pero considera intocables cuestiones como la elección de los jefes de servicio mediante libre designación, y no por concurso como reguló el bipartito.

Durante las conversaciones, de alrededor de 20 minutos con cada sindicato, se abordó sbore todo cómo regular el traslado de funcionarios de un área a otra. "La Consellería rechaza eliminar del todo la obligatoriedad, pero hay muchos matices sobre este punto", indica Francisco Núñez, de UGT, que revela que se baraja la creación de un censo de funcionarios que estén dispuestos a cambiar de lugar de trabajo.

Una de las cuestiones clave radica en los baremos para evitar la discrecionalidad en caso de que no existan voluntarios. Facenda ya propuso añadir a la ley "criterios objetivos" durante la tramitación parlamentaria, por lo que éstos podrían no estar incluidos en el borrador que entre el martes en la Cámara. "La Consellería puede autoenmendarse, pero debería mencionarse que esos criterios se establecerán en el futuro", explica Ramiro Otero, de Comisiones Obreras, que considera el encuentro de ayer un primer paso.

La CIG, por su parte, reiteró su oposición a la postura de Facenda, que considera "inflexible". Fernando García exige que la ley recoga garantías de objetividad en los traslados para evitar la discrecionalidad y que estos sirvan para castigar a funcionarios críticos o premiar a otros más dóciles trasladándolos bien a lugares incómodos bien a otros que les beneficien.