La Xunta de Galicia pedirá que se apliquen medidas cautelares en el recurso que presentará ante el Tribunal de Luxemburgo en contra de la aprobación por parte del Gobierno español del Real decreto del carbón, según ha asegurado el director xeral de Industria, Angel Bernardo Tahoces.

El representante de la Xunta ha avanzado que entre este jueves y el viernes "estará la demanda hecha ante el Tribunal de Luxemburgo", y ha asegurado que se pedirán "medidas cautelares", es decir, que "hasta que no se resuelva de manera firme el pleito se adopte por parte del Tribunal la suspensión de la aplicación del decreto".

Tahoces ha reiterado en Ferrol las críticas al Gobierno central por no atender a las reivindicaciones de la Xunta de Galicia. Resaltó que el Gobierno autonómico "no ha sido invitado" a la reunión que en Madrid de los alcaldes de As Pontes y de Cerceda (A Coruña) con el secretario de Estado de la Energía, Pedro Marín. "El Ministerio de Industria en ningún momento ha dado pie a que la autoridad eléctrica gallega esté presente en este encuentro", ha remarcado.

A la reunión prevista, los alcaldes de As Pontes y de Cerceda acudían a reclamar garantías de funcionamiento de las centrales térmicas y medidas que eviten la destrucción de empleo que se puede registrar en las industrias auxiliares, de mantenimiento, de hostelería, y en el sector del transporte de carbón, si se paraliza la actividad de las centrales térmicas.

El regidor de Cerceda, el socialista José García Liñares, explicó que el Gobierno central esperará hasta 2011 para decidir si pone en marcha medidas que compensen los efectos negativos del decreto del carbón. García Liñares manifestó haber mantenido una conversación telefónica en la noche de ayer con la Vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

En la conversación telefónica, De la Vega se comprometió, según las afirmación del alcalde de Cerceda, que una vez que se aplique la nueva norma el Gobierno realizará un seguimiento para determinar el impacto real en las comarcas afectadas, aunque las decisiones no se adoptarán antes del 31 de diciembre. "La conversación fue larga, y anunció que van a hacer un seguimiento y ver los efectos del decreto, lo que no tengo claro es cómo se corrige ese impacto a partir del 31 de diciembre", manifestó.

Además, en la mañana de este jueves, los transportistas del carbón y trabajadores de empresas auxiliares que están encerrados en el Ayuntamiento de As Pontes recibieron la visita del secretario general del PP provincial, Diego Calvo, el senador Juan Juncal y el presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

El viernes la plataforma contra el decreto del carbón celebrará una manifestación en As Pontes a las 19.00 horas. El colectivo está integrado por los sindicatos CIG y USTG, el BNG, el Ayuntamiento de San Sadurniño y el colectivo de transportistas.

La plataforma no defiende que se concedan compensaciones económicas por la bajada de producción, sino que sostiene que es preciso "forzar al Gobierno a que cambie completamente el decreto". El portavoz del colectivo, Xesús Anxo López Pintos, recordó que, pese a los actuales movimientos reivindicativos del Partido Socialista Gallego y del PP, las dos formaciones contribuyeron a mantener el decreto del carbón en su redacción actual.