13 de agosto de 2010
13.08.2010

Sanidade deriva abortos a clínicas privadas ante la objeción de los médicos a la nueva ley

La Xunta paga 360 euros por intervención, un 20% menos de las tarifas que estos centros venían cobrando hasta ahora a sus clientes

13.08.2010 | 11:04

Un mes después de entrar en vigor la nueva Ley del Aborto, empiezan a surgir en Galicia los primeros atrancos para llevarla a la práctica. Faltan médicos dispuestos a realizar estas intervenciones ya que muchos de ellos se acogen a la objeción de conciencia para no practicar este tipo de intervenciones. La solución de la Consellería de Sanidade para hacer cumplir la ley es suscribir conciertos con clínicas privadas, a las que les paga unos 360 euros por cada interrupción del embarazo, una cantidad que es un 20 por ciento menos de lo que hasta ahora cobraban estos centros por los abortos que practicaban a sus clientes.
Antes de aprobarse la Ley del Aborto, las españolas solo podían abortar si se daban tres supuestos: grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada, embarazo por violación o presunción de graves taras físicas o psíquicas para el feto. En la práctica, la mayoría de las mujeres acudían a una clínica privada, donde con un simple informe psiquiátrico podían interrumpir su embarazo. En los hospitales públicos las trabas eran mayores, pero además apenas había médicos dispuestos a practicar este tipo de intervenciones. En Galicia hasta hace pocos años solo se realizaban abortos en el Complejo Hospitalario de Ourense. Durante la etapa de gobierno del bipartito, sin embargo, Sanidade prometió que habría al menos un equipo en cada hospital para realizar estas operaciones.
Pero ya no es suficiente. Con la nueva Ley del Aborto cualquier mujer puede interrumpir su embarazo libremente hasta las 14 semanas y la sanidad pública debe hacerse cargo. Si antes debían pagar más de 460 euros por esta intervención en un centro privado, ahora deben ser atendidas gratuitamente y sin excusas en la red del Sergas. Según esta norma, que entró en vigor el pasado 5 de julio, si un hospital público no tiene médicos dispuestos a practicar abortos en el plazo de diez días debe derivar a la mujer a un centro privado.
El departamento de Pilar Farjas remitió un cuestionario a los médicos gallegos a finales de junio para saber si se declaran objetores de conciencia y preguntarles hasta qué punto estarían dispuestos a practicar abortos. A día de hoy, y preguntados por este periódico, desde la Consellería de Sanidade no informan de cuantos facultativos disponen para hacer cumplir la ley.
Sin embargo, ya están suscribiendo conciertos con clínicas privadas. En Vigo la Xunta ha llegado a acuerdos con las dos clínicas que practican abortos en la ciudad para que atiendan los casos procedentes de la ciudad de Pontevedra, del norte de la provincia e incluso algunos que les llegan del rural de Ourense.
Además de estos dos centros, solo funcionan en Galicia otras dos clínicas autorizadas para interrumpir embarazos y están ubicadas en la ciudad de A Coruña. Al igual que en Vigo, también se hacen cargo de los abortos que los médicos no quieren practicar en la red pública, según explicó el doctor Elías García, vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) en Galicia.
En Lugo, los facultativos del Hospital Xeral Calde solo practican abortos cuando hay riesgo de malformación del feto. En los demás casos las mujeres son desviadas por Sanidade a clínicas privadas, con el inconveniente de que no existe ningún centro que practique interrupciones del embarazo dentro de esta provincia.
Los conciertos con las privadas ayudan además a no sobrecargar más todavía los servicios de ginecología de los hospitales, que sufren ya largas listas de espera.
Pero no son solo los ginecólogos los que objetan problemas de conciencia. Elías García explica que se encuentran también con el rechazo de anestesistas a participar en estas intervenciones.

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