Tres años después de entrar en vigor la ley que prohibía todo tipo de construcción en los primeros 500 metros a contar desde la línea de playa, y que tan criticada fue por el PPdeG desde la oposición, se levanta el veto, pero sólo parcialmente. A partir de hoy ya se podrá volver a edificar en 259 suelos de 45 ayuntamientos que suman en total 514 hectáreas, pero la prohibición se mantiene para otras 6.858 hectáreas distribuidas en 465 ámbitos urbanísticos, a las que hay que sumar otras 2.792,4 hectáreas situadas más allá de los 500 metros y en las que hasta ahora se permitían los desarrollos urbanísticos, por lo que en total serán 9.650 hectáreas la superficie suspendida para la actividad constructiva.

Estas nuevas disposiciones entran hoy en vigor tras ser aprobado ayer en el Consello de la Xunta el Plan de Ordenación del Litoral (POL), el documento que regula los usos del litoral y establece las áreas de protección.

La aprobación inicial del POL –la definitiva será a finales de año– supone que la construcción puede volver a la costa gallega, aunque de forma limitada. En total se permitirá la edificación en 514 hectáreas, de las cuales 125,6 (el 24%) corresponden a la provincia de Pontevedra, que recupera para la actividad de la construcción el 7% del suelo bloqueado con la ley de los 500 metros del bipartito.

Los mayores aprovechamientos urbanísticos liberados pertenecen a los ayuntamientos de Sanxenxo (38,7 hectáreas), Poio (22,7) y Cangas (11,4).

En A Coruña la Xunta ha dado luz verde al ladrillo en 354 hectáreas (el 69% del total), con los ayuntamientos de A Coruña, con 148 hectáreas, Boiro (con 36) y Pontedeume (con 27) como los principales beneficiarios.

Y en la costa lucense sólo se levanta la prohibición en 33,4 hectáreas, de las cuales 11 pertenecen al municipio de Burela y otras tantas al de Viveiro.

Todos estos ámbitos a los que ahora podrán volver las grúas son en su mayoría suelos urbanos no consolidados que por su desarrollo actual y ocupación de solares se integran ya en la trama urbana y aquéllos otros cuya planificación resulta ya compatible con las directrices establecidas en el Plan de Ordenación de Litoral.

Pero las restricciones se mantienen en el 93% del suelo calificado por los ayuntamientos como urbanizable en los primeros 500 metros a contar desde la ribera del mar. Son 6.858 hectáreas en las que no se podrá construir hasta que los ayuntamientos adecúen los proyectos urbanísticos a las directrices del POL y, en todo caso, la prohibición se mantendrá como mínimo hasta final de año, cuando se apruebe definitivamente el Plan del Litoral. En unos casos, según la Xunta, los cambios serán mínimos, pero en otros se obligará a los concellos a replantear por completo su planificación. Y para cada suelo, la Consellería de Medio Ambiente ha realizado una ficha en la que detalla el grado de compatibilidad con el POL y sus deficiencias.

Con 1.633 hectáreas, la provincia de Pontevedra representa el 23,8% de la superficie más próxima a la costa donde se mantiene la edificación en suspenso. Los municipios más afectados son los de Sanxenxo (con 468 hectáreas vetadas a ladrillo), Vilagarcía (461) y Pontevedra (casi 142).

En cuanto a A Coruña, la prohibición se prorroga para 3.758 hectáreas (el 54,5%), de las cuales 1.503 pertenecen al municipio de Ponteceso. Y en Lugo hay otras 1.465 hectáreas bloqueadas, de las cuales 528 corresponden a Cervo y 503 a Foz.

Nuevas áreas restringidas

Sin embargo, y a pesar de que el PP había criticado al bipartito por bloquear la construcción en la franja de litoral, la Xunta ha decidido extender la prohibición más allá de los 500 metros. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, argumentó que mientras antes sólo había una "prohibición genérica", ahora hay un plan detrás que la ampara.

Así que el desarrollo urbanístico queda paralizado desde hoy en otras 2.792 hectáreas situadas todas ellas más allá de los 500 metros y a las que no afectaba la ley del bipartito.

Con esta medida, la provincia más afectada es la de Pontevedra, pues se le vetan al ladrillo 1.579 hectáreas, con la particularidad de que la práctica totalidad pertenecen a los municipios de Sanxenxo y Vilagarcía.

En A Coruña, la suspensión del urbanismo alcanza a 1.135 hectáreas, con el ayuntamiento de Ferrol como el más perjudicado, y en Lugo no llegan a las 80 hectáreas.