Mientras en Galicia los empresarios y los ayuntamientos limítrofes con Portugal han puesto el grito en el cielo por la extensión del peaje a todas las autovías en el norte del país luso por lo que podría afectar a la actividad económica, las patronales de la construcción en España ha recomendado precisamente esta práctica al Ministerio de Fomento. Pero es sólo una más de las medias que las empresas constructoras reclaman al Gobierno como una vía para incrementar los ingresos y destinarlos luego a mantener viva la obra pública con el objeto de compensar el recorte de 6.400 millones de euros en las inversiones de Fomento.

Los principales representantes del sector se reunieron ayer en Madrid para diseñar una postura conjunta ante el tijeretazo metido al gasto en infraestructuras por la crisis. Allí estaban la Condeferación Nacional de la Construcción (CNC) –en la que están integradas las cuatro provinciales gallegas–, Seopan, Anci, Aerco y Cepco haciendo un frente común en la defensa de las propuestas que enviarán al Gobierno central, pensadas todas ellas para que sigan adelante todas las infraestructuras proyectadas.

La primera medida es demandar al Ejecutivo la creación de un fondo similar al empleado para rescatar a la banca (el FROB) con el objeto de ayudar al sector de la construcción en la "importante restructuración" a la que se verá abocado por los recortes en inversión, lo que causará una desaparición de un "inestimable" número de empresas.

Y este plan debería incluir ayudas fiscales y crediticias del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la misma línea que las concedidas a otros sectores como la banca, las cajas de ahorros, el automóvil o la siderurgia, para que las empresas puedan afrontar los problemas de solvencia o liquidez. Porque, advirtieron, si Fomento no paga este año más obras, "muchas empresas entrarán en una situación de falta de ingresos que las llevará inevitablemente a situaciones concursales que pueden acabar en quiebras provocadas no por los mercados, sino por la política gubernamental".

La receta de la patronal también incluye la búsqueda de ingresos con los que poder pagar la obra pública. Y entre otras fórmulas citan las privatizaciones, la subida de los impuestos que gravan los combustibles, el tabaco, y el transporte por carretera, el copago sanitario y la implantación de peajes en las autovías. Además de activar ya el Plan Extraordinario de Infraestructuras, financiado con fondos privados.

El presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci), Jaime Lamo de Espinosa, señaló que la reestructuración puede ser "caótica", y que la única manera de frenarla es que el Gobierno se plantee recortes de gastos no productivos.

Añadió que, de este modo, se podría "recomponer presupuestariamente" las cifras del Ministerio de Fomento y "todo el esquema de inversión pública".

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, explicó que los recortes provocarán una reestructuración "intensa y rápida" que tendrá "graves consecuencias para la actividad, el empleo y los ingresos públicos".

Las patronales señalaron por cada millón de euros que deje de invertirse en infraestructuras, la Administración pública dejará de percibir 570.000 euros generados como retorno fiscal, en tanto que se destruirán 18 puestos de trabajo, lo que en total podría causar la pérdida de no menos de 115.000 empleos.