La plantilla de la Policía autonómica es cada vez más reducida. En los últimos dos años se ha quedado sin sesenta agentes debido a jubilaciones y traslados. Aunque por convenio su plantilla debería estar compuesta por 500 efectivos, cada vez se aleja más de ese objetivo. En la actualidad sólo cuenta con 372 policías. La razón es el desacuerdo que existe entre Xunta y Ministerio del Interior para financiar el cuerpo. El Gobierno central exige al Ejecutivo de Núñez Feijóo que pague la mitad de los gastos de personal –hasta ahora la comunidad sólo sufragaba los costes materiales, mientras que la Administración central asumía íntegramente el gasto de personal–. Según explica la Consellería de Presidencia, el conflicto está abierto desde el año 2008 y, desde entonces el Ministerio ha dejado de cubrir las vacantes que se producen por jubilaciones, bajas o traslados. Interior, consultado por este diario, declinó pronunciarse sobre esta polémica.

Galicia cuenta, al igual que otras comunidades como Valencia o Andalucía, con una unidad adscrita de la Policía. La ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estipula que este tipo de cuerpos autonómicos deben ser sufragados al 50% entre Estado y comunidad autónoma. Sin embargo, cuando en Galicia se creó la Policía autonómica en 1991, la Xunta se comprometió a asumir la inversión material (sede, equipamientos, vehículos...), un esfuerzo entonces muy importante teniendo en cuenta que se partía de cero. Por su parte, el Ministerio de Interior se encargaba de la dotación de personal y asumía su coste.

Nunca en su historia la Policía autonómica alcanzó los 500 efectivos, pero hubo años como en 2007 en el que la plantilla alcanzó al menos los 431. Sin embargo, en los últimos dos años el número de agentes ha vuelto a caer. A las jubilaciones –sólo el año que viene hay previstas once bajas– hay que sumar los traslados. Cada vez que sale una convocatoria de plazas en la Policía nacional –suele haber concursos cada año–, muchos de los efectivos destinados a la unidad adscrita concurren en busca de un puesto que les ofrezca mayor estabilidad laboral, dado que su permanencia en el cuerpo autonómico es en condición de comisión de servicio y, por lo tanto, están sujetos a una mayor movilidad. Es, por tanto, habitual que muchos abandonen la unidad adscrita.

El problema es que estas vacantes no se cubren desde hace dos años, al igual que tampoco se buscan sustitutos para las bajas laborales de larga duración, según Presidencia.

Xunta e Interior no se ponen de acuerdo con la financiación. Una vez desplegada la Policía autonómica, la inversión material se reduce básicamente a cuestiones de mantenimiento y por eso el Ministerio exige ahora al Ejecutivo gallego que asuma la mitad de los gastos de plantilla. En Valencia, por ejemplo, la Generalitat ya se hace cargo del 50 por ciento de los costes, al igual que en la recién creada unidad adscrita de Madrid.

El director xeral de Interior, Santiago Villanueva, alega que no entiende por qué ahora se cambian las condiciones de financiación que han estado vigentes durante 19 años. En su opinión, las posturas están aún alejadas.