La consulta a los padres acerca del idioma de escolarización que quieren para sus hijos, uno de los pilares de la nueva normativa lingüística que ultima la Xunta, vulnera la Constitución e incumple artículos de la Lei de Normalización Lingüística, la Ley Orgánica de Educación (LOE) y de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias.
Así consta en el dictamen emitido ayer por el Consello Consultivo: un extenso informe de 100 páginas, en el que el órgano de control jurídico advierte de que el proyecto de decreto "resulta contrario al ordenamiento jurídico" en la elección del idioma por parte de los progenitores; tanto en Educación Infantil (a la hora de determinar la lengua materna) como en Primaria y Secundaria, con la opción que da el decreto a las familias de escoger la lengua de parte de las materias troncales.
El Consello Consultivo envió ayer a la Xunta a última hora de la mañana, el plazo límite de entrega, y tras tres jornadas de intenso debate su dictamen sobre el decreto de la lengua que está a punto de aprobar la Consellería de Educación. El informe jurídico, en cuya aprobación se presentó un voto particular en contra y otro a favor, es "crítico, duro y contundente" con los aspectos legales de la nueva normativa lingüística que regulará la enseñanza en gallego y castellano en las aulas en los próximos años, según aseguraron fuentes próximas a la Xunta y al órgano de control jurídico.
Respecto a una consulta del idioma a los padres con carácter vinculante, el dictamen del Consultivo insiste, tanto en Infantil como en las troncales de otras etapas, que la labor corresponde a la Administración educativa, en su responsabilidad de diseñar los currículos y las programaciones. De este modo, el órgano consultivo explica que es inadmisible delegar la competencia de la administración en los padres y a través de una encuesta cuya forma y método tampoco quedan definidos en el proyecto de decreto.
La normativa que ultima la Xunta establece en su artículo 5 que en Educación Infantil, "el profesorado usará en el aula la lengua predominante entre el alumnado, que se determinará mediante una consulta a cada familia acerca de la lengua materna de los alumnos". El dictamen del Consultivo avisa de que este artículo "vulnera la configuración del derecho fundamental de la educación que se desprende de los apartados 2,3 y 5 y de los artículos 27 y 10 de la Constitución Española". Tal y como recoge el informe, "someter la configuración de un derecho fundamental a votación, con dejación de la función de programación general de la enseñanza que compete a los poderes públicos, infringe dichos preceptos constitucionales". Según aclara el órgano de control jurídico de Galicia, que el artículo 27 de la Constitución aluda a la "participación efectiva de todos los sectores afectados" (en la educación) no ampara que dicha función dependa "exclusivamente de la voluntad vinculante de las familias y vulnera el principio de competencia organizativa de la enseñanza".
La elección del idioma en Infantil vulnera, además, según el dictamen, "el artículo 13 de la Lei de normalización lingüística de Galicia y el 8 de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias".
El Consello Consultivo argumenta que han de ser los centros educativos (como en los decretos lingüísticos previos), a través de sus proyectos lingüísticos, los que decidan la lengua materna, en función de los datos del mapa sociolingüístico, de la información facilitada por las familias y de la observación directa del claustro.
En cuanto a la opción de las familias de decidir el idioma de las troncales que fija el proyecto de decreto, el Consultivo incide en que supone de nuevo "la atribución a las familias de una capacidad decisoria en el campo de la programación educativa" que no le corresponde. Añade, además, que supondría limitar "la competencia de los consellos escolares de los centros a aprobar y avalar su proyecto lingüístico". El dictamen también avanza que no sería correcto "decidir cada cuatro años" (no todas las familias tendrían capacidad de elección) y sugiere especificar qué asignaturas podrían cambiarse a qué idioma, para garantizar un equilibrio.
En el capítulo de garantizar, en el conjunto de la enseñanza, un 50% de materias en castellano y un 50% en gallego, el Consultivo insta a que se sustituya "porcentaje semejante o equilibrado" por "igualitario", para que el reparto al 50% sea más preciso.
El informe del consultivo propone "tomar medidas para normalizar la lengua propia", con los esfuerzos que sean necesarios, y advierte de que un tercio de materias en inglés es "desproporcionado" y podría suponer un "sacrificio" en el aprendizaje de las dos lenguas cooficiales.
