El incierto futuro que pesa sobre una alianza de las cajas gallegas es la crónica de un proceso políticamente torpe y enfangado y de alumbramiento imprevisible. Los responsables de Caixanova y Caixa Galicia rubricaron la semana pasada en Santiago un protocolo para explorar de forma oficial la viabilidad de un posible "proyecto en común". La literalidad del documento, sucinto y etéreo, resume una situación endiablada. Esas líneas son una somera declaración de intenciones, que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, blandió como el principio de un acuerdo, cuando no deja de ser el principio de un comienzo.
En 48 horas el consejo de Caixanova podría oficializar la apertura del diálogo, una vez que el de Caixa Galicia ya ha dado su sí quiero. Un pequeño paso que ha generado en algunos medios expectativas formidables y quizá infundadas. Porque la fusión requerirá la confluencia de múltiples factores, a cada cual más difícil: que Caixanova, la caja de menor tamaño pero en mejor situación financiera, pilote el proceso; que Caixa Galicia acepte ese liderazgo con las contrapartidas que supone (renunciar a la dirección de la nueva caja o incluso que la sede se estableciese en Vigo); y que el Banco de España conceda ayudas milmillonarias al margen del FROB, cuyas condiciones son demasiado gravosas (devolución al 8% en cinco años). Y todo ello en un tiempo récord (junio podría ser la fecha).
Es la cuadratura de un círculo que empezó a trazarse en otoño cuando la Xunta sorprendió al plantear una reestructuración de las cajas. Aunque en un principio se mostró abierta a cualquier mecanismo (como un SIP), pronto restringió las opciones a una fusión "igualitaria y paritaria", el instrumento que preservaría la solvencia y la galleguidad, dos criterios innegociables.
Sin embargo, esta decisión se encontró con el frontal rechazo de Caixanova, refractaria a embarcarse en una fusión que consideraba técnicamente inviable. Julio Fernández Gayoso, máximo responsable de la entidad desde hace 45 años, blindó su rechazo en un consejo de administración leal y logró el apoyo de la opinión pública de Vigo, como se demostró en la multitudinaria manifestación convocada por su alcalde, Abel Caballero. Mientras, la Caixa Galicia de José Luis Méndez, otro directivo con más de 20 años en el cargo, ha guardado silencio, una actitud que revela su sintonía con la iniciativa de la Xunta.
La firme oposición de Caixanova empujó a Feijóo a tramitar por vía de urgencia una nueva Ley de Cajas que reordenaba la composición de los órganos de representación de las entidades y atribuía a la Xunta un control decisivo sobre los mismos y sobre su gestión. Y, por el camino, jubilaba a Gayoso, de 78 años, demonizado como la personalización del rechazo. Se trataba, como admitiría más tarde, de imponer una fusión desde la política, vía reforma legal. En ese intento ha contado con el entusiasta apoyo del BNG y la oposición del PSOE, que clamó contra una "ley exprés". Los socialistas han esgrimido este asunto para desgastar el crédito de Feijóo aunque les ha sobrevenido un efecto bumerán: la disputa pública entre los alcaldes de Vigo y A Coruña por llevarse la futura gran caja.
Hoy la ley está en punto muerto tras el recurso del Gobierno, amparado en un informe demoledor del Consejo de Estado, ante el Constitucional. Feijóo ha acusado al Ejecutivo socialista de ser la "oposición" a Galicia, recusado a su interlocutor, el secretario de Estado, Gaspar Zarrías, y recurrido el FROB. La vía política parece agotada.
La situación se había enquistado hasta que entró en escena el Banco de España para imprimir un giro de 180 grados. El supervisor encargó a Caixanova una propuesta de fusión con ella al frente. La caja pequeña (31.000 millones de negocio, 4.200 empleados y 766 oficinas) pilotaría la integración, otorgando un papel subordinado a la caja grande (46.000 millones, 4.500 empleados y 828 oficinas). La Xunta sería un espectador. La propuesta de Miguel Ángel Fernández Ordóñez está más próxima a una absorción que a una fusión entre iguales. Y la nueva Ley de Cajas, que a la postre fue más un obstáculo que una ayuda, parece condenada a una profunda reforma.
Caixa Galicia proclamó en el consejo del pasado miércoles que sólo aceptará algo paritario. Caixanova ahora calla y trabaja en las condiciones, con ella al timón, que permitirían un futuro común. Feijóo ha dado un paso al lado y se cuida de utilizar en público los términos paridad e igualdad.
Pero Ordóñez tendrá la última palabra. Gayoso sólo afrontará esta aventura si cuenta con fondos excepcionales ajenos al FROB del Banco de España, que al mismo tiempo, difícilmente podría otorgar un trato preferente a Caixanova frente a otras por el agravio comparativo. Pero, en caso de negativa, Caixanova retomará su idea de un SIP con entidades de otras comunidades . Y entonces Caixa Galicia tendrá que echar mano de su plan B.
Los obstáculos son formidables y el final una incógnita. Nadie, ni dentro ni fuera de las cajas gallegas, se atreve a apostar por un desenlace. Estamos, seis meses después, ante el principio del principio. Justo en ese punto. Ni un centímetro más adelante.
