Una semana después de que ambas partes no escondieran ya que la negociación entró en punto muerto, los últimos contactos entre la Xunta y el Gobierno central para desbloquear la ley de cajas se reducen a un par de conversaciones telefónicas. Por lo menos, es lo que asegura el conselleiro de Presidencia, que lanza un nuevo ultimátum al Ministerio de Política Territorial para que "demuestre" que quiere llegar a un acuerdo en los once preceptos de la normativa paralizados por el Tribunal Constitucional. Alfonso Rueda y la titular de Facenda remitieron ayer al secretario de Estado de Cooperación una carta en la que le reclaman la convocatoria de una nueva reunión. En ese caso, el Ejecutivo gallego llevará por escrito su propuesta. La redacción alternativa que Gaspar Zarrías insiste en recibir con anterioridad porque no está dispuesto "a jugar al gato y al ratón".

El bando gallego reitera también sus quejas. "Lo que procede es dejarse de dilaciones y hablar cara a cara. En la carta le pido una fecha para la reunión y le recuerdo que quedó en darnos un papel para concretar sus propuestas. Si no lo quiere enviar, que me lo entregue allí", explica Rueda. Porque la Xunta está convencida de que detrás de la actitud de Moncloa hay una estrategia para retrasar el posible acuerdo y exigen que ese encuentro no se postergue más allá de hoy mismo o mañana. Un día más, entre ambas administraciones se libra la batalla de las supuestas propuestas que cada uno quedó de remitir. El conselleiro insiste en que era el turno de Zarrías y en Política Territorial aseguran que la pelota lleva una semana en el tejado de San Caetano.

En su última conversación con el secretario de Estado, "tras muchos días intentándolo", el titular de Presidencia asegura que le pidió a Gaspar Zarrías que se reabrieran las conversaciones. "Estamos dispuestos a negociar donde él diga y a la hora que diga", afirma Rueda. Las agendas de Presidencia y Facenda están abiertas a la convocatoria. Y ése es el requisito que pone la Xunta para elaborar su propuesta para los cinco de los once puntos que quedaron pendientes de cerrar el jueves pasado. Rueda acusa al Gobierno central de meter "la política" como "elemento de negociación". De parar el diálogo porque "estábamos llegando a acuerdos". "Si Rajoy fuera presidente no se habría presentado el recurso, porque es un recurso político", se queja.

Pero para Zarrías hay una prueba más de que el comportamiento del Ejecutivo gallego no se sustenta. Las últimas propuestas para el sector que la dirección nacional del PP entregó ayer al Gobierno central –y que reclaman el fin del veto autonómico en operaciones que recurran al FROB y la creación de nuevas cajas nacionales– "lo ponen en evidencia", según el secretario de Estado de Cooperación Territorial, la postura de la Xunta. "El mismo PP nacional se ha posicionado claramente en el lado del Gobierno de la nación", señala. Moncloa da por cerrados los acuerdos en los seis puntos concretados hasta la última reunión, y para el resto aguardan una redacción alternativa. Es, también, su condición. La llave para reabrir el diálogo "sin ningún tipo de reproche por parte de nadie y con tranquilidad y sosiego".

En contra de lo que afirma Rueda, el reponsable del Gobierno central en las negociaciones asegura que las conversaciones han sido varias en los últimos días y que la Xunta quedó en enviar su propuesta "basándose en la ley andaluza". Como el presidente Núñez Feijóo ofreció. "No es el momento de reproches, sino de acuerdos", pide Zarrías, que, eso sí, recuerda que encima de la mesa están aspectos tan relevantes como los plazos para la renovación de los órganos de Caixanova y Caixa Galicia o la mayoría necesaria para aprobar una fusión en las Asambleas. "La Constitución –avisa– no se negocia".