Las negociaciones para pactar la reforma de la ley gallega de cajas, impugnada en el Tribunal Constitucional, están atascadas. La última reunión entre la Xunta y el Gobierno central se celebró hace hoy justo siete días, y desde entonces no se han acercado posturas, más bien los escuetos contactos telefónicos han servido para agrandar distancias. Ayer no hubo comunicación, pues las dos partes aguardan que sea la otra la que primero descuelgue el teléfono, y ninguna ha tomado la iniciativa.
En el Ministerio de Política Territorial están dispuestos a un nuevo encuentro, si hay un principio de acuerdo, y como no lo ven cercano rehusan convocar por el momento a la delegación de la Xunta a Madrid para nada, confirman fuentes próximas a la negociación. El Gobierno central insiste en que la ley gallega de cajas, con diez artículos impugnados y su aplicación paralizada por el Constitucional, debe ajustarse a la Carta Magna.
La última oferta que hizo el secretario de Política Territorial, Gaspar Zarrías, a la Xunta fue copiar la ley andaluza en los preceptos en los que todavía no hay consenso. Zarrías se agarró a unas declaraciones del presidente Alberto Núñez Feijóo, en Bilbao, en las que proponía precisamente zanjar la polémica reproduciendo la norma andaluza, tierra de la que es oriundo el secretario de Estado.
La Xunta dio marcha atrás y se negó a trasladar a Galicia la ley andaluza, alegando que su presidente se refería a copiar el espíritu y no la literalidad de la ley, una literalidad que amplía el plazo de dos meses para la elección de las nuevas cúpulas de las cajas, lo que el Gobierno gallego entiende como un obstáculo a la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, pues la operación no llegaría a tiempo para acceder a las ayudas del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que se terminan a finales de junio. Desde entonces, la negociación está en punto muerto.
La Xunta optó ayer por la noche por guardar un discreto silencio, y tan sólo confirmó que el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, no recibió la llamada que esperaba del secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, su interlocutor en Madrid. Un día antes, el Ejecutivo de Feijóo aseguró que Zarrías se había comprometido con Rueda a hablar ayer. El Ministerio no confirmó esta versión.
El conselleiro no fue llamado por el secretario de Estado, pero tampoco recibió la propuesta para desatascar las negociaciones que asegura se le prometió la pasada semana, cuestión que se niega desde Política Territorial, que asevera que nadie del Ministerio se comprometió a tal. Es más, insisten en que es la Xunta la que debe mover ficha.
¿Y dónde está el bloqueo? En los artículos claves para lograr la fusión. El Gobierno central exige una mayoría de dos tercios para aprobar una operación ta importante como una integración, y la Xunta se conforma con la mayoría simple. Elevar los votos necesarios en la asamblea de Caixanova, la entidad que se opone a la operación, dificultaría la fusión, y más aún si además el Gobierno de Zapatero insiste en que la renovación debe ser menor de la prevista.
La ley recurrida fija un 75% de cambios en los órganos de dirección de las cajas, y el Estado quiere rebajar este porcentaje y que se acerque al cincuenta por ciento para asegurar continuidad y estabilidad en la caja, y así dar confianza a los clientes.
Obra social
No son los únicos puntos en controversia. Tampoco hay acuerdo en el intervencionismo autonómico ante supuestos de déficit patrimonial en las entidades financieras, en el permiso previo de la Consellería de Facenda al presupuesto de Obra Social de las cajas, y en que sólo el Parlamento tiene derecho a tener más de un representante en los consejos de dirección.
Si ha habido, en cambio, consenso para modificar otros artículos. Gobierno y Xunta están dispuestos a una nueva redacción para regular la autorización del Ejecutivo autonómico al Sistema Institucional de Protección (SIP) o fusión virtual. Para dar su visto bueno el Ejecutivo autonómico ya no podrá tener en cuenta "las consecuencias que podrían derivarse de la operación para el cumplimiento de la finalidad financiera y social de la entidad en Galicia".
La Xunta también ha renunciado a que el registro de altos cargos sea preceptivo, es decir que hasta que el nombramiento figure en el registro no sea efectivo. El informe de Facenda sobre la obra social cuando su presupuesto supere los 500.000 euros ya no sería vinculante y podría haber consejeros vocales externos. También se llegó a una solución pactada para la representación de las entidades de interés general.
