El pasado viernes la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, dio por hecho el cese del presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, por una cuestión de edad. Sin embargo, tres días después su departamento anuncia la elaboración de un informe por parte de los servicios jurídicos de la Xunta “para saber lo que hay que hacer”. Facenda “interpreta” que Gayoso debe irse, pero “pide el informe para contar con respaldo legal”, pues la intención del departamento de Fernández Currás es “cumplir la ley”, explicaban ayer.
El anuncio de las intenciones de la Xunta indignó en Vigo, tanto al consejo de administración de Caixanova como al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y a otros dirigentes. Para todos, los planes de Currás se explican como una respuesta a la negativa de Gayoso a fusionar la caja con Caixanova.
“Los consejos tendrán que proceder a nombrar los suplentes por obra del recurso del Gobierno”, declaraba sin asomo de duda la semana pasada Fernández Currás, después de defender que era el recurso presentado por el Gobierno de España contra la ley gallega de cajas el que obliga a irse a Gayoso, pues se impugna una disposición transitoria que aparcaba esta salida mientras no se renovaban los órganos de gobierno de las cajas, pero, siempre según Facenda, queda en vigor un artículo, que es el que marca los nuevos requisitos para los consejeros de las Asambleas y que considera “causa de cese” tener más de 70 años.
Sin embargo, expertos jurídicos discrepan de la interpretación que hace la Xunta y sostienen que para Gayoso como vocal del Consejo de Administración de Caixanova rige otro artículo, y además no de la nueva ley, sino de la antigua, pues el que le afecta en la norma aprobada en diciembre está impugnado ante el Constitucional porque incluye el veto a cualquier otro sector que no sea el Parlamento para tener más de un representante en el Consejo.
El artículo que valdría no contempla el cese de consejeros por edad, además en la vieja ley la máxima era de 75 y no 70 años como ahora. Y el límite de edad es sólo en caso de reelección, no en caso de cese de cargos en vigor.
A la vista de las discrepancias, Facenda se lo ha pensado mejor y antes de pasar a la acción ha pedido un informe a los letrados del Gobierno autonómico para saber qué pasa exactamente tras la publicación el sábado en el BOE del recurso, trámite que hace efectiva la suspensión de los artículos impugnados.
Los políticos, también
Desde Facenda, explicaban ayer que los letrados deben aclarar qué preceptos están paralizados y cuáles siguen en vigor. Los servicios jurídicos de la Xunta deben redactar un informe “global” sobre la aplicación de la norma, una vez que hay una parte que está impugnada, y el cese de los consejeros por cuestión de edad “no es el único punto a estudiar”. Si los consejeros que compaginan esta responsabilidad con cargos políticos deben abandonar su puesto es otro interrogante que deben despejar, confirmaban ayer desde Facenda, quien aguarda que el análisis jurídico esté listo en unos días.
Son cuatro los consejeros que tienen setenta años. Además de Gayoso están Alfonso Zulueta de Haz y Guillermo Alonso Jáudenes, por parte de Caixanova. En Caixa Galicia, Antonio Naveiras, representante de los impositores, también supera la edad.
En Caixanova no hay vocales con responsabilidad política, pero en Caixa Galicia hay seis: la diputada autonómica Mar Barcón, que está como representante de una entidad social, José Muiño Domínguez, en nombre del Ayuntamiento de Cabana, Javier Francisco Caínzos Vázquez, de Curtis, José Clemente López Orozco, de Lugo, y Cipriano Elías Martínez Álvarez, de Rielo.
