La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, exigió ayer a los gobiernos autonómicos que "faciliten el proceso" de reestructuración del sector de las cajas y ¿cómo? Dejando a las entidades financieras llevar la iniciativa y al Banco de España la tutela. "Si se deja que esas condiciones operen, creo que será posible llegar a junio con todos los deberes hechos", afirmó Salgado en una entrevista a Europa Press, en alusión al 30 de junio, fecha en la que finaliza el plazo marcado por la Comisión Europea para que las entidades financieras puedan fusionarse o suscribir un SIP (Sistema Institucional de Protección) con ayuda pública.
Salgado reclamó a las cajas que aceleren las decisiones sobre su futuro, especialmente si necesitan para sus alianzas recibir fondos del FROB (Fondo de Reestrucutración Ordenada Bacaria), que no es más que un préstamo al 7,75% de interés mínimo que concederá el Estado y que ha de devolverse en un plaza máximo de siete años.
La ministra urgió al sector financiero a mover ficha, pero con su emplazamiento a las comunidades también cuestionó el comportamiento de algunas de ellas. Si Salgado les pide que dejen a las cajas tomar la iniciativa y al Banco de España tutelar el proceso es porque Salgado piensa que hay gobiernos autonómicos que no lo hacen, pues quieren decidir el futuro de las entidades de sus comunidades y además dar el visto bueno final a la operación, en vez del organismo regulador.
Estos reproches no son la primera vez que se escuchan en boca del Gobierno central y además en dirección a Galicia. La Xunta ha apostado por la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, pese a que la primera rehúsa y defiende un SIP con cajas de otras comunidades, una alianza que además no exigiría ayudas públicas. Es más, ha cambiado la ley de cajas en el Parlamento y con los votos del BNG para forzar un cambio en las cúpulas de las entidades financieras, lo que facilitaría la fusión, y ha anunciado que vetará cualquier operación que no sea una integración de las cajas gallegas.
La titular de Economía y Hacienda, en otro momento de la entrevista, defendió que "no sería bueno en estos momentos en mitad de los procesos de reestructuración" modificar la Ley de Organos de Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), tal como reclama la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para, entre otras cuestiones, mejorar la fórmula del SIP, la alternativa que ha surgido a la fusión y que permite a las cajas que se unan para aprovechar sinergias y compartir riesgos, sin perder ni la marca, ni la sede social.
Zarrías, más directo
Elena Salgado no puso nombre a las comunidades que deben dejar a las cajas llevar la iniciativa y al Banco de España tutelar el proceso. Sin embargo, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, cuestionó abiertamente a Galicia. Fue en Sevilla en una rueda de prensa en calidad de dirigente del PSOE andaluz. Hizo balance del primer aniversario de la victoria electoral del PP en Galicia y de los suyos en País Vasco, y al referirse al primer caso lamentó "la quiebra de la sociedad gallega con dos elementos importantes, la lengua, que no fue nunca un problema ni siquiera cuando gobernaba Manuel Fraga, y con el sistema financiero con el intento de hacer una ley que claramente contraviene los preceptos constitucionales".
Zarrías, que es el interlocutor de la Xunta en la negociación de la ley de cajas, opina que en Galicia desde el 1-M se han rebajado "sustancialmente los derechos sociales", y puso como ejemplo "la eliminación de la gratuidad de los libros de texto y la rebaja casi al 50% de las inversiones productivas".
