Sin entrar en el fondo, con una visión puramente estadística, de la cuarta reunión entre Gobierno central y Xunta para negociar la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de cajas salen resueltos más de la mitad de los preceptos impugnados. Seis de once. Pero ninguna de las dos administraciones está contenta porque los aspectos pendientes son, precisamente, los de mayor transcendencia. Los que más críticas suscitaron por parte del Abogado del Estado y los que permitirían a San Caetano impulsar su ansiada fusión entre Caixanova y Caixa Galicia. De ahí el enfadado tono de los conselleiros de Presidencia y Facenda ayer tras un nuevo fracaso de las conversaciones, sin fecha de momento para la reanudación, y la acusación velada al Ejecutivo de un posible "bloqueo" intencionado en la negociación. "Hemos puesto toda la carne en el asador", contesta Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación. El encargado de las abanderar la delegación del Ministerio de Política Territorial pide "seriedad" a la otra parte.
Al encuentro llegaron Alfonso Rueda y Marta Fernández Currás con las mismas advertencias que llevan lanzando desde el arranque del debate. Que la Xunta no está dispuesta a "alterar" los puntos que considera "esenciales" en la normativa, ni a quedarse por debajo de lo que recogen otras legislaciones autonómicas. "El señor Zarrías les dirá que ha habido avances muy significativos, que la reunión ha sido muy fructífera, pero no podemos estar de acuerdo", adelantaba el titular de Presidencia, el primero en comparecer ante los medios. Porque los seis aspectos limados se daban "por cerrados" en el lado gallego desde el pasado miércoles y la intención era "un acuerdo total". "El problema es que constatamos que los ritmos o la percepción de la situación no es la misma por parte de la Administración del Estado, dice Rueda. "Esto –añade– pudiera parecerse cada vez más peligrosamente a un intento de bloqueo".
Otra vez quedaron claras las posturas enfrentadas sobre todos los cambios impugnados que afectan a la renovación de los órganos internos de las entidades gallegas. La Xunta se niega a que cualquier otro sector que no sea el Parlamento tenga más de un representante en los Consejos. "Hemos demostrado empíricamente que ninguno de sus temores o dudas se podían dar", justifica Fernández Currás. El Gobierno exige que se respete la Ley de Órganos de Representación de las Cajas (Lorca), que marca un reparto equilibrado conforme a la distribución de la Asamblea. La discusión sobre la renovación total o parcial sigue enquistada y la Xunta mantiene que Política Territorial quiere "añadir cuestiones" sobre aspectos que no estaban recurridos. En la misma situación quedan el intervencionismo autonómico ante supuestos de déficit patrimonial, la intención de aprobar con mayoría simple las fusiones y el permiso previo de Facenda al presupuesto de la Obra Social.
Del otro lado, el de los acuerdos, destaca especialmente la nueva redacción para la autorización a un Sistema Institucional de Protección (SIP). En la nueva normativa no quedará rastro de las condiciones que el Gobierno central consideraba "subjetivas".
"Son muchas las discrepancias", reconoce Marta Fernández. A los conselleiros se les preguntó directamente si creían necesario elevar el rango de las negociaciones para que el presidente de la Xunta y la ministra de Economía tomen las riendas para avanzar. "La delegación gallega está capacitada sin ninguna duda, la pregunta es si la Administración del Estado puede decir lo mismo", asegura Rueda, que presenta el fracaso de ayer en las conversaciones como un plante por parte de Zarrías. "El acuerdo no puede depender de la agenda de nadie", concluye.
Lo primero que quiso aclarar el secretario de Estado fue la percepción de Rueda de que los seis cambios estaban zanjados desde el miércoles. "Entonces se había modificado nada", aclara. De hecho, según Zarrías, fue el jueves por la noche, tras conocerse la admisión a trámite del recurso por parte del Constitucional, cuando la Xunta envió una redacción alternativa que Política Territorial estudió durante el fin de semana. "Seamos serios –pide–. No se puede frivolizar".
La intención del Gobierno central es volver a reunirse esta semana. "El acuerdo es prioritario", subraya Zarrías, que insiste una y otra vez en desvincular el recurso de la política. "Es –matiza– una cuestión jurídica". Para la que el Gobierno no está dispuesto a correr sin control. "La celeridad que queremos no puede suponer errores –avisa–. Con cabeza y no corriendo".
Seis "matices" que cambian una normativa
1 SIP. Por la rotundidad que Núñez Feijóo mostró ante la posibilidad de vetar una alianza con cajas de otra comunidad y los planes que tiene Caixanova para reforzarse con una operación así, cualquier cambio en la redacción sobre el SIP se mira con lupa. La Xunta opta por la redacción similar a la ley andaluza. Es decir, que el permiso autonómico no se desvincula de la normativa general sobre este tipo de alianzas –las de la UE y el Banco de España– y no se relacionará con la polémica condición de "las consecuencias que podrían derivarse de la operación para el cumplimiento de la finalidad financiera y social de la entidad en Galicia".
2 Registro de altos cargos. En este caso, el modelo es la ley catalana. La gallega exigía la inscripción como requisito para oficializar el nombramiento de cualquier miembro del Consejo de las entidades. Finalmente, el registro se queda sólo con carácter declarativo, no preceptivo, y el cargo será firme desde su designación.
3 Entidades de interés general. Uno de los nuevos sectores que se incorporarían a las cajas con la ley. La supuesta "vulneración" a juicio del Gobierno central y el Consejo de Estado estaba en que a este grupo no se le aplicaba el principio de proporcionalidad territorial en función de los depósitos captados por las cajas en todos los territorios donde opera. La normativa marcaba la entrada, entre otros, de los sindicatos, el Consejo Económico Social y otras entidades de designación directa por parte de Facenda. El acuerdo se logró con el incremento de este último grupo, de las entidades sociales, en línea, según la Xunta, con el marco legal madrileño.
4 Consejeros vocales externos. La ley de cajas de Galicia se adapta a la Lorca, que permite que tanto impositores como corporaciones municipales nombren hasta dos vocales cada uno que no estén en la Asamblea y que cuenten con un currículum ajustado a las necesidades de la gestión de una caja de ahorros. La prohibición desaparece. Facenda argumentaba que con la obligación de que 15 de los consejeros tuvieran conocimientos jurídicos o económicos se garantizaba ya la profesionalización.
5 Convenio para la Obra Social. Si el día 31 de marzo las cajas no tuvieran firmado un convenio con Facenda para la Obra Social, sería la Xunta la encargada de gestionar los fondos. La nueva redacción elimina la fecha límite, aunque Facenda asegura que "derivaba de la propia lógica del funcionamiento" de las entidades.
6 Partidas sociales de 500.000 euros. Seguirá existiendo un informe por parte de Facenda. Será preceptivo. Pero no vinculante. En la práctica supone que el Gobierno gallego no podrá paralizar ninguna inversión aprobada por las Asambleas para la Obra Social que acumule hasta 500.000 euros de gasto en tres ejercicios, como reclamaba el Gobierno.
