La picaresca entre algunos funcionarios para acortar su jornada laboral o prolongar en exceso la pausa del café podría tener los días contados. La Xunta prepara una profunda revisión del sistema de control horario de sus trabajadores con el doble objetivo de introducir más garantías en un procedimiento que tradicionalmente ha estado en entredicho y homogeneizar los métodos utilizados en los distintos edificios públicos que tiene la Administración en Galicia.

Aunque de momento no hay ninguna decisión firme, de todas las alternativas estudiadas la que más convence a la Administración gallega es la utilización de tarjetas inteligentes que registran en un microchip todos los movimientos del funcionario. Este dispositivo tiene la ventaja de ser "multifuncional", de modo que además de utilizarse para controlar las entradas y salidas de los trabajadores también permite almacenar otro tipo de información de utilidad a nivel interno. Además, la Xunta trabaja en una nueva aplicación informática para la gestión del control horario que también ayudará a optimizar el sistema.

En plena era tecnológica, la mayoría de los 89.000 funcionarios que trabajan en la Administración gallega utilizan una tarjeta de banda magnética para fichar, de modo que su hora de entrada y salida queda registrada mecánicamente y una sola vez. Este sistema, a pesar de ser uno de los más extendidos entre empresas y administraciones, no garantiza un control efectivo de todas las entradas y salidas que realizan los funcionarios y tampoco permite verificar si fue el titular de la tarjeta el que la introdujo en la máquina o fue otra persona.

Algunos empleados públicos, sin embargo, ni siquiera tienen que fichar o trabajan en edificios con métodos de control mucho más laxos. Así ocurre en las dependencias de la Xunta en A Coruña, donde los funcionarios sólo tienen que firmar una hoja de partes al llegar y al salir. Un procedimiento tan poco efectivo como discrecional, ya que es el propio trabajador el que controla todo el proceso.

Mejorar y modernizar el control horario de los funcionarios es una vieja asignatura pendiente del Ejecutivo gallego. El último en plantear el problema fue el bipartito, que durante la pasada legislatura y aprovechando la reforma de la ley de función pública propuso implantar un moderno sistema de detección de huella digital en las dependencias de la Administración autonómica. El dispositivo incluso se llegó a instalar en algún edificio concreto, como la delegación de Facenda en A Coruña o la sede compostelana de la Escola Galega de Función Pública (EGAP), aunque en este caso la identificación dactilar sólo se exige para acceder al búnker de seguridad en el que se almacenan los exámenes de las oposiciones a la Xunta.

Globalmente, sin embargo, no se llegó a adoptar ninguna solución diferente a la actual lo que propició que el sistema se diversificase todavía más y, al margen de los dos métodos de fichaje, más extendidos algún edificio, como el de Matogrande de A Coruña, utilice para el control horario tarjetas elaboradas al margen del sistema general.

El nuevo Gobierno gallego, en cambio, parece haber descartado este sistema de identificación biométrico y se decanta más por las llamadas tarjetas inteligentes. Este sistema se diferencia del actual en que se trata de un dispositivo totalmente electrónico y con una gran capacidad para almacenar datos, al igual que ocurre con los nuevos DNI. Además, evitaría entrar en el debate de si los sistemas biométricos de control (huella dactilar, escáner de retina...) suponen una invasión de la intimidad o pueden llegar a incomodar a los trabajadores.

De momento, pese a todo, la decisión aún no está tomada y los responsables de las secretarías xerais de Modernización e Innovación Tecnolóxica y de Avaliación e Reforma Administrativa evalúan las distintas opciones que hay en el mercado –tarjetas de proximidad, arcos de radiofrecuencia, porteros automáticos– antes de decantarse por una de ellas.