26 de noviembre de 2009
26.11.2009

La CECA alerta del "conflicto de intereses" que genera la presencia de los Gobiernos en sus consejos de administración

El FMI critica que los legisladores también decidan en las entidades

26.11.2009 | 01:57

Desde los primeros pasos de la reforma del mapa de las cajas de ahorros en España, el debate técnico y económico está acompañado del político. Por algo tan sencillo como su propia naturaleza, a caballo entre lo público y lo privado. La larga disputa por el poder en Caja Madrid entre las dos facciones del Partido Popular de la comunidad esbozó los primeros titulares sobre la posible politización de las cajas, que los movimientos de fusión y alianzas avivan ahora. No son pocos los Gobiernos autónomos, entre ellos la Xunta, que entonan públicamente su disposición a vetar lo que no les convenza y que tienen entre manos una reforma de la ley del sector para reforzar su presencia en sus órganos de decisión. Justo cuando los propios partidos a nivel nacional y muchos expertos piden lo contrario. La patronal de las cajas está muy molesta y alerta del "conflicto de intereses" que se puede generar.
La Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) recuerda en estos días en los que se habla en muchas regiones de involucrarse más en la gestión diaria de las entidades que tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como el Fondo Monetario Internacional (FMI), éste último en un informe exclusivo sobre el sector del ahorro en España en 2006, reclaman cambios en la normativa estatal, de la que se nutren luego las leyes autonómicas, para, precisamente, tomar la dirección contraria. El presidente de la patronal del sector, Juan Ramón Quintás lo ha pedido también en numerosas ocasiones. La CECA defiende una reducida presencia, "porque es necesaria", pero no quiere que los Gobiernos de las comunidades se sienten en los consejos de administración.
Al amparo precisamente del organismo monetario y del análisis elaborado durante la gestión de Rodrigo Rato, las cajas defienden que una administración no puede ser arte y parte en el seno de una entidad. "Si son los encargados de legislar y también pueden tomar decisiones internamente se crea un conflicto de intereses", explican fuentes del sector. Una situación muy parecida, precisamente, a la que se le reprochaba al anterior Gobierno gallego, al bipartito, con la incorporación de la participación pública en el polémico concurso eólico.
La misma idea se comparte en el seno de los populares. Su responsable económico, Cristobal Montoro, lo ha dicho por activa y por pasiva, con una exigencia a todos los Ejecutivos autonómicos para que se abstengan en los procesos abiertos. "El PP es partidario de una completa despolitización de las cajas de ahorros", añade la número dos, María Dolores de Cospedal. En el seno del Gobierno central, uno de los más claros es el ministro de Industria, Miguel Sebastián, "abochornado" por el "espectáculo" que se está dando en algunos casos.
La pregunta ahora es hasta qué punto quiere la Xunta elevar su presencia en los órganos de Caixanova y Caixa Galicia. El 20% que propone el BNG en la resolución que el pasado martes se aprobó en el Parlamento no es seguro, ante la disposición del PP de cambiar el texto. Hay consenso en el sector en que ambas entidades están entre las menos politizadas de toda España y cierta preocupación de que la situación podría dar un giro de 180 grados con la futura nueva ley. Hay unanimidad también en la interpretación de la decisión de empezar la reforma, justo ahora y cuando la Consellería de Facenda no lo veía prioritario hace unas semanas. Una estrategia para forzar la fusión y, en todo caso, para que la situación no se repita y antes de recurrir a su derecho de veto, que la Xunta pueda actuar desde dentro.
El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), una plataforma independiente de altos cargos y miembros de empresas dedicada a la difusión del buen gobierno corporativo, es partidaria de reducir la participación de los poderes públicos en los órganos de las cajas, limitando legislativamente a un máximo del 25% su participación directa o indirecta frente al máximo del 50% que recoge la actual ley.
El IC-A ha elaborado un decálogo de buenas prácticas para mejorar el gobierno corporativo de las cajas, entre las que resalta la importancia de reducir los conflictos de interés competenciales, para lo que la entidad suprema en la reordenación del sector de las cajas debería ser el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y, por lo tanto, eliminar los vetos políticos autonómicos.

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