La Xunta sostuvo ayer que las cajas de ahorro gallegas han alcanzado una "masa crítica suficiente" que les permite ser competitivas en el "exigente y eficiente" mercado español y que su dimensión y solvencia hacen que deban "liderar cualquier proceso de integración en el que potencialmente pudieran verse inmersas". En todo caso, la conselleira de Facenda, Marta Fernández, apremió ayer a las dos cajas gallegas a definir una postura que les permita "incrementar su fortaleza, eficiencia y solvencia" y a actuar con una visión estratégica que les posibilite adelantarse a futuros escenarios donde se prevén "importantes movimientos" en el reordenamiento financiero.
En el debate parlamentario celebrado ayer a iniciativa del Bloque, y a pesar de las reiteradas peticiones de la oposición, la Xunta no aclaró, apelando a la prudencia, si prefiere que las dos cajas gallegas sigan independientes o si apuesta por la fusión. "Queremos una o dos cajas", dijo Fernández. El BNG defendió la integración sólo si surgen problemas de viabilidad, pero sólo de las dos entidades gallegas, y el PSOE rechazó cualquier fusión con cajas de otra comunidad si bien planteó, como únicas opciones realistas, que sigan tal como están o se acuda a una fusión.
"Necesitamos unas cajas fuertes que sepan al mismo conciliar la profesionalidad, la solvencia y la gestión eficiente con los intereses de la comunidad autónoma, porque el primero y más importante dividendo que tienen es la implicación con el territorio", declaró la conselleira, quien insistió en que deben elaborar una estrategia de futuro "olvidándose de localismos y personalismos estériles que disfrazan intereses espurios las más de las veces", comentó en referencia a los pronunciamientos de las cámaras de comercio y de empresarios. "Por encima de todo, las cajas saben de la importancia de tener un músculo financiero potente, eficiente y gallego", añadió.
Intereses supremos
Pero avisó que el objetivo final es la viabilidad económica y la solvencia, por lo que el interés general de Galicia, dijo la conselleira, "transciende los legítimos intereses de sus gestores y de sus empleados".
La conselleira aseguró que lo lógico y bueno es que las cajas gallegas resulten "apetecibles" para otras entidades, aunque matizó que por su dimensión, cuota de mercado y solvencia deban ser las que "lideren cualquier proceso de integración en las que potencialmente pudieran verse inmersas". En todo caso aseguró que no hay constancia de ningún proyecto de fusión de una caja de ahorros gallega con otra de fuera, pero que si surge alguna posibilidad de "consolidar" el sector, la Xunta "no cerrará ningún camino" salvo que resulte incompatible con los intereses de Galicia.
El portavoz económico del Bloque, Fernando Blanco, defendió que su formación sólo apoyaría una fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, sin que entren terceras entidades en juego, en caso de surgir problemas, pero sobre todo destacó que el centro de decisión debe permanecer en Galicia "Si hay que ir a una fusión, que sea sólo de ámbito gallego", dijo. Blanco insistió una y otra vez en conocer la opinión de la Xunta, pero no se la arrancó a la conselleira. "El Gobierno gallego debe saber lo que tiene que hacer y explicarla", repetía.
El diputado del PSOE Xaquín Fernández Leiceaga se mostró contrario a una fusión interregional por la inviabilidad de que una autonomía aceptara que una caja suya fuera absorbida por otra. "Si esto le pasara a Galicia, sería una pérdida económica grave e irreversible". A su juicio, sólo hay dos opciones realistas, continuar con el mapa actual de dos cajas, aunque eso crearía complicaciones y costes para ampliar el mercado exterior, o acudir a una fusión, "que sólo tendría sentido si fuera viable económicamente, aminorase el impacto sobre la pérdida de empleos y resolviese de forma equilibrada las competencias territoriales".
El portavoz de economía del PP, Pedro Puy, sostuvo que el trabajo de la Xunta es discreto, pero existe, y que su principal objetivo es asegurar la solvencia de las cajas e intentar mantener su galleguidad y que están a la espera de recibir informes técnicos sobre la viabilidad de cualquier opción. "Por ley, el Gobierno tiene la obligación de guardar discreción", dijo.
